APUNTE.COM.DO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo dispuso medidas de coerción contra Ramón Rafael Castillo Moreta, brigadista de la empresa contratista Sercontelc, tras ser sorprendido en flagrancia cuando ejecutaba una conexión eléctrica sin autorización.

El tribunal fijó una garantía económica de RD$30,000, impedimento de salida del país y presentación periódica, mientras el proceso judicial sigue su curso, según un comunicado de prensa.

La detección del hecho ocurrió el 29 de septiembre durante labores de inspección y patrullaje de miembros de Seguridad Física de Edeeste, que encontraron al imputado realizando la conexión sin la autorización requerida para esa intervención.

Tras ser identificado, el brigadista fue detenido y entregado a las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

El Ministerio Público presentó el caso ante el tribunal y pidió la imposición de medidas de coerción. Después de conocer la solicitud, el órgano judicial ordenó las medidas cautelares.

El proceso está vinculado a las disposiciones de la Ley General de Electricidad No. 125-01 y sus modificaciones, que sancionan la intervención o manipulación no autorizada de las redes eléctricas y contemplan reglas específicas cuando en esas actuaciones participan empleados o contratistas del sector eléctrico.

Edeeste resaltó que este caso evidencia el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control implementados para detectar intervenciones irregulares en sus redes y, cuando corresponde, poner a los involucrados a disposición de las autoridades competentes.

La empresa reiteró que mantiene una política de cero tolerancias frente a actuaciones irregulares relacionadas con el servicio eléctrico, sin importar si involucran a personal propio, empleados de empresas contratistas o terceros.

Igualmente, Edeeste seguirá fortaleciendo sus labores de inspección, supervisión y control sobre las intervenciones realizadas en su infraestructura, con el fin de proteger a sus clientes, preservar la integridad de las redes y garantizar que los trabajos ejecutados en ellas correspondan exclusivamente a órdenes y procedimientos debidamente autorizados.

La distribuidora recordó que las conexiones eléctricas no autorizadas, además de las consecuencias legales que puedan derivarse, representan un riesgo para la seguridad de las personas, pueden provocar daños en las instalaciones y afectar la calidad y continuidad del servicio eléctrico.