APUNTE.COM.DO.- El gobierno progresista de España encabezado por Pedro Sánchez sufrió el viernes un duro revés político cuando los legisladores rechazaron un paquete de medidas de emergencia destinado a enfrentar la crisis de asequibilidad de la vivienda, mientras manifestantes se concentraban frente al Parlamento para exigir ayuda para los inquilinos.

La derrota alimentó especulaciones en medios españoles sobre la posibilidad de que Sánchez considere adelantar las elecciones previstas para el próximo año. Su oficina no respondió a las preguntas de The Associated Press acerca de una eventual convocatoria anticipada.

Sánchez intervino al cierre de un debate parlamentario de cinco horas, en el que hizo un último llamado a los legisladores para que apoyaran las medidas, a las que calificó de "necesarias".

"Lo que está detrás de estos decretos es el deseo de poner orden y humanidad a un mercado que, si lo controlamos, acabará destrozando nuestra sociedad", afirmó Sánchez ante los otros 349 diputados.

"Hagan lo correcto porque, si no, la historia les juzgará y antes de lo que creen", advirtió el presidente antes de que cada diputado votara por llamamiento nominal.

Su súplica no tuvo efecto. El partido separatista catalán Junts cumplió con el anuncio hecho horas antes de votar en contra de ambos decretos. Eso selló el rechazo de las medidas al sumarse con el "No" del Partido Popular de centroderecha y la ultraderechista Vox.

Las votaciones fueron recibidas con abucheos por los manifestantes congregados en las cercanías, mientras personas ubicadas en la tribuna pública del hemiciclo lanzaban consignas contra los gobernantes del Congreso.

Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, señaló que ahora la incertidumbre rodea la política española, ya que Sánchez tiene argumentos tanto para convocar elecciones en dos meses como para esperar hasta el próximo año.

Sánchez, un líder progresista popular en el ámbito internacional, ha estado rodeado de una serie de casos judiciales que involucran a su Partido Socialista e incluso a su familia, quienes niegan haber cometido irregularidades. Su gobierno también ha sido cuestionado por una crisis migratoria en Ceuta.

"Es verdad que el contexto de la vivienda es más favorable que la corrupción", dijo Bartomeus a la AP. "La convocatoria, si lo convocara hoy, tiene que pasar 54 días. En 54 días puede pasar de todo".

Decretos surgen tras indignación por desalojo de anciana

El primer decreto presentado por el gobierno busca frenar los desahucios de personas vulnerables, dificultar la especulación inmobiliaria y ofrecer incentivos fiscales para impulsar el alquiler. El segundo decreto pretendía que los contratos de alquiler residencial se renovaran automáticamente a solicitud de los inquilinos.

El principal grupo de protesta, la asociación de inquilinos Sindicato de Inquilinas, anunció que convocaba más protestas para el sábado y presionaba por una huelga general.

Las medidas buscaban calmar la indignación pública luego del desalojo televisado de una mujer de 87 años la semana pasada en Madrid, que provocó protestas y una acampada que desde entonces ocupa la plaza más importante de la capital.

Fuera del parlamento, los manifestantes levantaron carteles con imágenes de buitres, denunciando a los especuladores inmobiliarios, a quienes responsabilizan del aumento de los precios.

La manifestante Carla Cremonte, empleada de oficina de 34 años, lamentó que los partidos de derecha se unieran para votar en contra de los intereses de la mayoría y de los trabajadores de España.

El alquiler medio en España casi se ha duplicado en los últimos 10 años. El precio medio por metro cuadrado pasó de 8,20 euros en 2016 a 15,1 euros (17,15 dólares) este año, según el portal inmobiliario Idealista.

La anciana cuyo desalojo desencadenó las protestas, Maricarmen Abascal, se ha convertido en un símbolo de la lucha por abaratar la vivienda en el país del sur de Europa, donde muchos no pueden comprar una casa y se ven asfixiados por un mercado de alquileres reducido.

La empresa que la desalojó finalmente cedió esta semana ante la enorme presión pública y política y anunció que ella puede regresar al apartamento. La mujer está hospitalizada desde que fue sacada de su casa en una camilla, pero su abogada comentó que está contenta de saber que volverá a su vivienda.

No está claro qué hará el gobierno a partir de ahora. Podría trabajar en una nueva ley, a menos que Sánchez apriete el gatillo de unas elecciones.

Separatistas catalanes hacen naufragar decretos de vivienda

Junts es uno de los pequeños partidos a los que Sánchez necesitó cortejar cuando formó un nuevo gobierno en 2023. Desde entonces ha demostrado ser un socio político espinoso. Su líder, el separatista Carles Puigdemont, reside en Bélgica desde que huyó de España tras encabezar un intento fallido de convertir el noreste de Cataluña en una nación independiente en 2017.

Míriam Nogueras, de Junts, argumentó que los decretos solo llevarán a que los propietarios retiren sus inmuebles del mercado de alquiler y, por tanto, a que los precios suban aún más.

"Estos decretos siguen permitiendo que los especuladores compren propiedades y desahucien a la gente", destacó Nogueras.

Junts instó al gobierno a negociar enmiendas. El gobierno se negó.

"Esto no es un fracaso colectivo, señora ministra, es un fracaso de usted y del sanchismo", sostuvo Juan Bravo, del Partido Popular, dirigiéndose a Rodríguez.

El partido vasco de centroderecha y la pequeña Coalición Canaria, cuyo apoyo el gobierno también necesitaba, también votaron en contra del segundo decreto después de respaldar el primero. Ambos criticaron al gobierno por apresurarse a actuar mediante decreto en lugar de elaborar legislación con otros partidos.