APUNTE.COM.DO.- MADRID.– República Dominicana detectó oportunidades para reforzar su gobernanza de datos durante su participación en el II Diálogo Político sobre Gobernanza de Datos de la Alianza Digital Unión Europea–América Latina y el Caribe (UE-ALC), realizado en Madrid.
En el encuentro se trataron temas como la interoperabilidad, la infraestructura pública digital, los servicios públicos inteligentes y el uso responsable de la inteligencia artificial, aspectos relacionados con los esfuerzos del Gobierno dominicano para lograr una administración más integrada, eficiente y enfocada en las necesidades de la ciudadanía.
Durante el intercambio se subrayó la relevancia de afianzar un modelo que permita usar los datos como activo estratégico para generar valor público, bajo criterios de seguridad, ética, interoperabilidad y protección de los derechos de las personas.
La delegación dominicana estuvo compuesta por Berenice Barinas Ubiñas, directora ejecutiva de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG); Sebastián Saviñón, director Jurídico del Ministerio de Administración Pública (MAP); y José David Montilla, asesor de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).
El diálogo contó con representantes de 28 países latinoamericanos y organismos como la Comisión Europea, CEPAL, UNESCO, SEGIB, SICA, el Consejo de Europa y la Red Iberoamericana de Protección de Datos.
Entre los retos identificados para República Dominicana están fortalecer el intercambio seguro de información transfronteriza en sectores como salud, comercio, turismo y servicios financieros, además de proteger los datos sanitarios para impulsar la telemedicina, la investigación y la inteligencia artificial.
También se planteó la necesidad de desarrollar talento especializado, mejorar la calidad de la información y avanzar en soberanía digital, transparencia, rendición de cuentas y confianza pública.
Los datos públicos accesibles y reutilizables fueron señalados como una herramienta para fortalecer la participación ciudadana, el control social y la prevención de la corrupción.
