APUNTE.COM.DO.- La Policía Nacional dispone de menos agentes que personas con requerimientos judiciales pendientes. Al cierre de agosto, la nómina institucional reportaba 43,464 miembros, mientras que las órdenes de arresto vigentes sumaban 53,877 contra 50,865 individuos, es decir, 7,401 requeridos más que uniformados y una proporción de 1.24 órdenes por cada agente.
El dato cobra peso en un momento en que el Gobierno endurece su retórica contra la criminalidad y afronta cuestionamientos por los fallecimientos ocurridos durante intervenciones policiales.
La base de datos se dio a conocer un día después de que una investigación de Diario Libre revelara que apenas tres de al menos 182 personas fallecidas en operativos policiales este año figuraban en la lista pública de prófugos de la institución.
El análisis tomó como punto de partida 354 registros difundidos por la Policía entre 2022 y 2026, cotejados con Patrulla Letal, una base de datos que Diario Libre construye con las muertes a manos de fuerzas de seguridad del Estado que llegan a la prensa.
La Policía sostiene que su plataforma pública contiene solo una parte de las personas requeridas. Alejandro Aracena, del área de Prófugos, indicó que cerca del 1 % de los casos llega a esa plataforma bajo la categoría de "los más buscados".
Siete delitos concentran el 42
Del total de órdenes pendientes, 22,832 corresponden a siete categorías: robo, con 11,587; heridas y agresiones físicas, 6,066; homicidio, 2,681; drogas, 1,385; secuestro, 647; porte ilegal de armas, 399; y trata de personas, 67. En conjunto representan el 42.4 % del total.
El Gobierno defiende estrategia de seguridad
El presidente Luis Abinader reiteró a las personas con múltiples órdenes de arresto que se entreguen y anunció que el Gobierno seguirá reforzando la seguridad ciudadana con más agentes, tecnología, equipos y la ampliación del patrullaje por cuadrantes.
"Lo que nosotros les repetimos es que se entreguen, porque hay equipos buscando", manifestó el jueves durante la inauguración de la escuela primaria Ana Josefa Puello, en Santo Domingo Este.
La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y preservar la paz social. Al ser cuestionada sobre los denominados "intercambios de disparos", sostuvo que quienes pretendan delinquir "tienen que atenerse a las consecuencias".
Piden investigar las muertes
En contraste, el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) pidió a Abinader disponer un "alto al fuego" ante las muertes registradas durante operativos policiales.
Cándido Simón, representante del organismo, sostuvo que la Policía tiene facultad para identificar y detener a personas en conflicto con la ley, pero no para matarlas. Además, pidió investigaciones independientes sobre los casos reportados como intercambios de disparos.
El abogado Manuel Sierra recordó que la Constitución dominicana prohíbe la pena de muerte. El IDDP insistió en que su reclamo busca proteger la vida y no justificar la delincuencia.
Pide límite al uso de la fuerza
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que la lucha contra el crimen no justifica las ejecuciones extrajudiciales y llamó a garantizar que el uso de la fuerza policial respete la Constitución y las leyes. Recordó que el artículo 37 de la Constitución protege el derecho a la vida y sostuvo que los agentes deben distinguir entre una amenaza real e inminente y aquellas situaciones en las que no se justifica emplear fuerza letal.
Castaños Guzmán reconoció que los policías necesitan respaldo legal e institucional, pero acompañado de controles y mecanismos de rendición de cuentas. También respaldó la modernización de la institución y una política integral de seguridad.
