APUNTE.COM.DO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes en segunda discusión un proyecto de ley orientado a regular los mecanismos que se emplean en el país para la prevención y el control de plagas.

La pieza legislativa, elaborada por el diputado Adelso Rubén Contreras, se enfoca específicamente en las plagas que podrían afectar los recursos vegetales del territorio dominicano, incluidos los cultivos alimenticios y otras producciones agrícolas.

No obstante, la iniciativa, que aún debe ser conocida por el Senado de la República, también pretende establecer un régimen de sanciones para castigar a quienes, con sus acciones, ocasionen daños a las plantaciones nacionales.

El artículo 79 del documento califica como falta grave el uso de plaguicidas, nutrientes para vegetales y coadyuvantes sin atender las indicaciones recomendadas, cuando ello provoque daños a terceros o contaminación ambiental. Este último producto se refiere a las sustancias destinadas a facilitar y mejorar los efectos de un plaguicida.

El legislador, representante de la provincia Dajabón, propone que ese caso sea penalizado con hasta cinco años de prisión y una multa de RD$5 millones, además de las indemnizaciones a favor de la víctima.

En los últimos años, decenas de niños y adolescentes han resultado intoxicados tras ser afectados por fumigaciones realizadas en plantaciones. Se trata de casos en los que agricultores cercanos a escuelas realizaban labores de control de cultivos, rociando al aire libre químicos dañinos para el ser humano tras su inhalación.

El pasado 23 de septiembre, dos estudiantes de la escuela Amiama Gómez, de 11 y 15 años de edad, fueron víctimas de este tipo de casos en Azua.

El mismo castigo podrían recibir quienes importen o comercialicen en el país esos productos que hayan excedido su fecha de caducidad, así como otras circunstancias contempladas en el texto.

Además, la propuesta establece prisión menor de hasta dos años y multas de 300 salarios mínimos, equivalentes a RD$3 millones, cuando se evidencie la comisión de los siguientes hechos.

La obstaculización de inspecciones gubernamentales a las áreas de cultivos, explotaciones, agroservicios, domicilios o cualquier otro establecimiento que albergue artículos relacionados con la protección fitosanitaria local e internacional.

Asimismo, ocultar, omitir o disponer información falsa premeditadamente sobre la presencia de plagas.

Precisamente, el congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM) recomienda instituir como una responsabilidad que los agricultores y silvicultores colaboren con las autoridades, notificándoles el estado sanitario en el cual se encuentran sus cultivos.

Rubén Contreras considera necesaria esta legislación, ya que permitiría robustecer la prevención ante los patógenos detectados en otros países.

“En países con los que la República Dominicana mantiene relaciones comerciales existen plagas que representan riesgos de introducción al territorio nacional”, manifestó en uno de los considerandos del documento.