APUNTE.COM.DO.- Después de varias horas de negociación entre el PSOE y Sumar, el Consejo de Ministros de España aprobó este martes un decreto ley que incorpora la renovación automática de los contratos de arrendamiento, una demanda que el Sindicato de Inquilinas venía exigiendo desde el viernes pasado. El otro decreto sobre vivienda aprobado en la misma jornada contempla el resto de las medidas pactadas con los grupos parlamentarios, entre ellas la regulación del alquiler de habitaciones, la prohibición de compras por parte de fondos buitre hasta 2028 y la suspensión de los desahucios hasta 2030.
Horas antes de que se conociera el resultado del Consejo de Ministros, la líder de Junts, Miriam Nogueras, manifestó que su partido no respalda las últimas exigencias de Sumar, al considerar que la renovación automática pone en riesgo a los pequeños propietarios. La definición definitiva de su postura se producirá este viernes, cuando el Gobierno ha convocado un pleno extraordinario para la votación. Salvo un giro inesperado, el PP y Vox votarán en contra, mientras que el posicionamiento de Junts será determinante. La división en dos textos abre la posibilidad de que Junts apoye el que contiene el resto de medidas pero no el de la prórroga de los alquileres.
La acampada en la Puerta del Sol amaneció este martes tras su tercera noche al raso, después de la manifestación por la vivienda celebrada el sábado anterior.
El paquete de medidas aprobado este martes recoge varias de las demandas de asociaciones y manifestantes, pero su fragmentación en dos normas ya ha generado rechazo. Podemos calificó de "tomadura de pelo" que se haya dividido en dos el primer 'decreto Maricarmen', porque podría dejar una de las partes sin aprobar. La ministra de Sanidad, Mónica García, fue una de las primeras en dar detalles a través de su cuenta en X, y atribuyó los avances a las "movilizaciones y acampadas".
Entre los principales acuerdos figuran la extensión hasta el 31 de diciembre de 2028 de la vigencia de las protecciones vinculadas al alquiler y el límite del 0% a las subidas de renta en contratos que se encuentren por encima del índice de referencia de vivienda. También se aprobó una medida destinada a impedir incrementos en los arrendamientos afectados y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. Las más destacadas, mencionadas al inicio, son la paralización de los desahucios hasta 2030, la renovación automática de los contratos de alquiler y la prohibición de que los fondos de inversión adquieran viviendas hasta 2028.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tachó de "tomadura de pelo" el decreto de vivienda que prepara el Gobierno, se mostró en contra de fraccionar las medidas en varios textos y advirtió que si el Ejecutivo termina aprobando un "parche" su partido pedirá que se retire.
En la acampada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid condicionó su respaldo al Gobierno a que se apruebe íntegramente el llamado "decreto Maricarmen" en una sola norma, algo que parece descartado. Su portavoz, Valeria Racu, advirtió que dividir las medidas o introducir cambios equivaldría a aprobar "un decreto farsa". Durante la protesta, Racu sostuvo que la presión en la calle busca influir en la negociación política sobre vivienda. "Le estamos echando un pulso histórico al Gobierno", afirmó, antes de agregar que "el pueblo manda".
"Más allá del texto que veamos mañana, esto continúa, esto solo acaba de empezar. Esto va de mucho más que una acampada", declaró. También criticó las políticas que, a su juicio, favorecen a los propietarios. "No vamos a dejar que políticos corruptos le hagan favores al rentismo", defendió. El colectivo aún no ha decidido si mantendrá la acampada hasta el viernes, cuando el Congreso tiene previsto votar la convalidación de los decretos. "Hasta que no veamos la letra pequeña del texto, no decidiremos si seguiremos aquí", sentenció.