APUNTE.COM.DO.- Ante la pregunta de cuántas edificaciones en República Dominicana resistirían sin colapsar un terremoto de gran magnitud, cuántas tienen condiciones adecuadas para evacuación y cuántos ocupantes sabrían cómo actuar durante y después del sismo, ninguna de las instituciones consultadas pudo ofrecer una respuesta integral.
El Estado cuenta con normas y mecanismos de supervisión, pero carece de un sistema que integre la información necesaria para determinar qué proporción de las edificaciones públicas y privadas está preparada estructuralmente, dispone de condiciones para evacuar de forma segura y tiene ocupantes capacitados para responder ante una emergencia.
La supervisión recae en varios organismos. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) actúa en las construcciones formales; la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) evalúa estructuras existentes; los cuerpos de bomberos revisan medidas contra incendios y evacuación; el Ministerio de Trabajo (MT) vigila la seguridad en los centros laborales, y el Ministerio de Educación (Minerd) aplica sus propios mecanismos en las escuelas.
Esos controles se aplican a universos distintos y sus resultados no convergen en una evaluación común que permita conocer el nivel de preparación de una misma edificación en todas esas dimensiones.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), responsable de coordinar la preparación y respuesta ante desastres, tampoco cuenta con esa información. Su director, Erdwin Robert Olivares Luciano, señaló que las estadísticas de cumplimiento corresponden a los organismos reguladores.
“No, porque esa es una responsabilidad propia de los ministerios reguladores que te mencioné”, declaró. El COE tampoco dispone de un registro nacional de instituciones con planes de emergencia y evacuación.
El Minerd informó a Diario Libre que tiene levantados 8,470 centros educativos, de los cuales 5,343 cuentan con Planes Escolares de Reducción de Riesgos de Desastres. Esto deja 3,127, equivalentes al 36.9 %, sin un plan registrado dentro de ese levantamiento.
El universo educativo es mayor. Las estadísticas oficiales del año escolar 2024-2025 registran 10,648 centros entre públicos, privados y semioficiales.
Entre 2024 y 2026, el Minerd reportó 322 centros evaluados específicamente para reducción de riesgos de desastres, cerca del 3 % del universo nacional. El porcentaje no implica que los demás nunca hayan recibido otras intervenciones de seguridad, pero evidencia el alcance de esas evaluaciones específicas.
El Ministerio tampoco pudo precisar cuántos de los centros revisados presentaron problemas.
“No se dispone de una cifra consolidada sobre los centros que presentaron deficiencias”, respondió a Diario Libre. También admitió que existen registros parciales, pero no una estadística de los últimos cuatro años que reúna centros evaluados, deficiencias, simulacros y planteles con planes de emergencia.
Entre las fallas identificadas figuran rutas de evacuación deficientes, puntos de encuentro inadecuados, condiciones estructurales, planes desactualizados y falta de simulacros. También aparecen problemas con extintores, alarmas, señalización, sistemas de detección e instalaciones eléctricas.
La seguridad sísmica de las nuevas construcciones tiene exigencias normativas más estrictas desde 2011. Ese año, tras el terremoto que devastó Haití, República Dominicana aprobó el Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras R-001, que reemplazó las recomendaciones provisionales vigentes desde 1979.
La norma estableció requisitos obligatorios para diseñar nuevas estructuras considerando las fuerzas sísmicas, la zonificación, las características de la edificación y otros criterios orientados a preservar la vida humana.
Para las construcciones anteriores la situación es diferente. El R-001 se aplica cuando una estructura existente es modificada, ampliada, intervenida o rehabilitada para un nuevo uso, o cuando se somete a una evaluación de vulnerabilidad, pero no ordenó reevaluar todas las edificaciones levantadas antes de 2011.
La Onesvie es la entidad encargada de realizar esas evaluaciones. Entre 2020 y noviembre de 2025 reportó 1,391 en edificaciones públicas y privadas, efectuadas a partir de solicitudes formales.
Esos estudios permiten identificar vulnerabilidades y formular recomendaciones sobre estructuras específicas, pero no constituyen un censo nacional. Tampoco existe un dato directamente comparable del total de edificaciones que permita establecer qué proporción ha sido evaluada.
Casos recientes muestran las consecuencias que pueden aparecer en estructuras con décadas de servicio. En el Hospital Salvador B. Gautier, inaugurado en 1951,
