APUNTE.COM.DO.- El director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo un llamado a los médicos para que no compartan sus códigos de colegiatura, tras finalizar la audiencia de medida de coerción contra los 26 implicados en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), conocido como 2.0.
“Este es un proceso del que debemos aprender y quiero aprovechar para exhortar a los médicos a que no presten sus códigos; prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal. Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido”, declaró Camacho.
El funcionario señaló que la experiencia servirá para impulsar una campaña de concienciación dirigida a los galenos sobre los riesgos de facilitar sus credenciales.
Según Camacho, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dispuso prisión preventiva para “todos los imputados, excepto a dos”.
Los enviados a prisión son Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Wander Manuel Díaz Encarnación, quienes cumplirán la medida en la cárcel de Las Parras.
Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron recluidas en Najayo Mujeres.
Los implicados que cumplirán arresto domiciliario son Lucreisy Polanco Núñez, Martha María Saldaña Saldaña, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Víctor Felipe Rodríguez García, Luz Esther Reyes Durán y Alberto Batista Cruz.
Camacho calificó las medidas de coerción como “razonables” y advirtió que “la investigación sobre lo sucedido en Senasa no se cierra, no concluye con esta investigación y vamos a ir por más”.
De acuerdo con el detalle, a siete de los implicados se les impuso prisión preventiva; a once, arresto domiciliario; a seis, garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica; mientras que dos quedaron sin ninguna medida coercitiva.
El caso Senasa 2.0, también llamado Operación Senasa 2.0-A, es la segunda fase de una investigación por corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud, en la que el Ministerio Público persigue a una presunta red que habría defraudado fondos públicos mediante la facturación y cobro de servicios médicos no realizados, la suplantación de identidades de afiliados y la vulneración de bases de datos de la aseguradora estatal.
La investigación se originó a partir de una denuncia de Senasa, durante la gestión de Santiago Hazim, el 28 de noviembre de 2024, sobre irregularidades en autorizaciones de servicios médicos.
El viernes 18 de septiembre, los fiscales arrestaron a 28 personas dentro de la llamada “Operación Cobra 2.0-A”, mediante 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
La supuesta red operaba con la gestión de falsas aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del call center de Senasa, utilizando datos de afiliados con bajo uso del seguro y llamadas con identidades ficticias (como “Pedro Martínez” o “Ángel Beltré”), para luego presentar reclamaciones sustentadas en diagnósticos y procedimientos inexistentes.
