APUNTE.COM.DO.- A horas de su extradición a Estados Unidos, la Fiscalía Federal solicitó el sábado 26 de septiembre que Geovany Andrés Rojas, alias Araña, quien fuera cabecilla de los Comandos de Frontera, disidencias de las FARC originadas en la Segunda Marquetalia, permanezca detenido por los procesos judiciales que enfrenta en territorio estadounidense.
Según Ntn24, la Fiscalía pidió que Rojas, quien fue gestor de paz durante la administración de Gustavo Petro, continúe recluido en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso por los delitos de conspiración para distribuir cocaína y narcoterrorismo. La audiencia inicial está programada para el 28 de septiembre en el Distrito Sur de California, específicamente en San Diego.
El escrito, presentado el 25 de septiembre, argumenta que no existen condiciones de libertad condicional que garanticen la comparecencia de Rojas ante la justicia ni la seguridad de la comunidad. La petición se fundamenta en la gravedad de los delitos imputados y en los antecedentes que las autoridades estadounidenses le atribuyen al jefe disidente.
Los cargos activan de manera independiente la presunción legal de detención aplicable a procesos por narcotráfico con penas mínimas de 10 años y por narcoterrorismo. "Con la extradición de Araña cae la telaraña que se extiende desde las montañas del Putumayo hasta las plazas de Tijuana que los carteles se disputan brutalmente", declaró el fiscal federal Adam Gordon.
La Fiscalía Federal en California atribuye a Araña el liderazgo de los Comandos de la Frontera. El expediente en el que aparece relacionado Rojas lo describe como exintegrante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, organización de la que habría formado parte hasta 2016. Ese año salió de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), donde cumplía una condena por delitos violentos, para integrarse al proceso de paz.
Geovany Andrés Rojas, alias Araña, fue capturado por agentes del CTI en febrero de 2025 en un reconocido hotel de Bogotá. La acusación estadounidense sostiene que, pese a haber sido vinculado al proceso de paz, creó los Comandos de la Frontera, un grupo armado que habría ocupado zonas dejadas por la desmovilización de las FARC en áreas fronterizas con Ecuador y Perú, junto con Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias Gárgola, y Pedro Oberman Goyes, más conocido como "Sinaloa".
Los fiscales afirman que la estructura llegó a reunir cerca de 1.000 combatientes y que tomó control de corredores vinculados a la producción y el tráfico de cocaína en Putumayo. De acuerdo con la acusación, las ganancias de esa actividad financiaban al grupo armado y la droga tenía como destino final el mercado de Estados Unidos, razón por la cual fue requerido por ese país.
Rojas, jefe de una organización que Washington catalogó como organización terrorista extranjera desde diciembre de 2021, fue detenido en Colombia el 12 de febrero de 2025, en cumplimiento de una orden de arresto de Estados Unidos. Un mes más tarde, un gran jurado federal del Distrito Sur de California formalizó dos imputaciones en su contra.
El exalto comisionado de Paz Otty Patiño defendió la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de suspender en su momento la extradición de alias Araña. Pese a que la Corte Suprema de Justicia aprobó por unanimidad su extradición en octubre de 2025, el procedimiento quedó suspendido durante el gobierno de Gustavo Petro, que justificó esa decisión por los "compromisos con el desmantelamiento de la violencia". No obstante, el 26 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella firmó su extradición.
En su argumentación, la Fiscalía federal señaló además que Rojas fue condenado en Colombia en 2010 a cerca de 29 años de prisión por narcotráfico y delitos relacionados con armas. Asimismo, el documento sostiene que, tras obtener la libertad como parte del proceso de paz de 2016, el acusado habría retomado las actividades armadas y delictivas.
La acusación incorporó imágenes y otros elementos visuales para identificarlo como jefe de Comandos de la Frontera y vincularlo con la Segunda Marquetalia. En ese sentido, la justicia de Estados Unidos deberá resolver el pedido de prisión preventiva mientras avanza el caso, cuya primera audiencia está programada para el 28 de septiembre.
