APUNTE.COM.DO.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, decidió reservarse el fallo sobre las medidas de coerción que impondrá a los 26 imputados del caso Senasa 2.0, y anunció que dará a conocer su decisión a las 7:00 de la noche del domingo 27 de septiembre.
La decisión se produce después de que este viernes los abogados defensores y el Ministerio Público concluyeran sus respectivas réplicas y contrarréplicas sobre lo expuesto ante el tribunal.
En un inicio, las autoridades habían solicitado 18 meses de prisión preventiva contra los exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares detenidos durante la llamada Operación Senasa 2.0-A, además de pedir que el caso fuera declarado de tramitación compleja.
No obstante, el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, informó que, en atención a la actitud de colaboración mostrada, solicitó que la medida se variara a arresto domiciliario para nueve de los imputados.
"Una parte de los implicados ha colaborado con la investigación del Ministerio Público y nosotros, siendo coherentes, como en todos los casos, a medida que las personas muestran primero arrepentimiento, admiten los hechos y pidieron incluso excusas ante el tribunal, el Ministerio Público sí solicitó al tribunal que la medida de coerción que se disponga contra estos sea el arresto domiciliario", manifestó Camacho.
El funcionario también resaltó "la fortaleza" del expediente presentado por las autoridades, el cual ha llevado a que "al menos 13" de los 26 implicados hayan admitido su culpabilidad ante el juez.
"Esto es una evidencia irrefutable de la fortaleza y contundencia de esta investigación que ha realizado el Ministerio Público y que esperamos que el juez, al momento de ponderar lo que se ha presentado por nuestra parte, acoja los términos que se han solicitado por el Ministerio Público", señaló Camacho.
Antes del receso, el abogado Santos Willy Liriano Mercado denunció que el Ministerio Público ha estado forzando acuerdos con varios de los imputados, quienes habrían aceptado "colaborar, no admitir los hechos" con las autoridades.
"Hay nueve personas que (posiblemente) se van con arresto domiciliario porque el Ministerio Público los obligó a acordar; no fue que llegaron de una manera voluntaria, antojadiza, los llevó de manera obligada; entonces, contra los que no, el Ministerio Público le solicitó la prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo; así no se hace justicia", fue lo indicado por el defensor de Hannah Rachel Rodríguez Almanzar.
