APUNTE.COM.DO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional reprogramó para este miércoles a las 2:00 de la tarde la audiencia para conocer la medida de coerción solicitada contra los 26 imputados por la nueva fase de la investigación sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El Ministerio Público informó que prepara una eventual tercera fase del proceso, mientras los acusados de Senasa 2.0 comparecen ante la justicia dominicana.
En un expediente de 525 páginas, el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y señala que el nuevo perjuicio asciende a 41.1 millones de pesos, correspondiente al período entre enero de 2021 y febrero de 2025. Durante ese lapso se aprobaron 4,363 autorizaciones de consultas y procedimientos médicos facturados a nombre de afiliados que no los solicitaron, aprobados por una red que incluye a médicos, empleados y exempleados de Senasa, así como a otras personas vinculadas al sector salud.
El modus operandi descrito por el Ministerio Público se basa en la utilización de información real de afiliados de Senasa. Según la acusación, los integrantes del grupo obtenían los datos, solicitaban autorizaciones para consultas o procedimientos y luego reclamaban el pago a la aseguradora estatal, aunque los servicios no se hubieran realizado.
Los fiscales también sostienen que el esquema perjudicaba directamente a los afiliados, ya que las reclamaciones consumían parte de la cobertura disponible en sus pólizas.
Entre los 25 imputados identificados figuran: Angeury Guzmán Vásquez (hermano de Ángel Luis Guzmán Vásquez); Heidy Coronado Paulino, empleada de Senasa; Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, supervisor de Servicios a Usuarios; Lucreisy Polanco Núñez; Einstein Rafael Borromé Valdez; Juan Henry Poueriet; Hanna Rashell Rodríguez Almánzar; Luz Esther Reyes Durán de Ramírez; Edwin Alberto Batista Cruz; José Luis Díaz Hernández; Carlos Job Ynoa Olivero; Guillermo Enrique Dicló Garabito; Griselda Altagracia Basora Ramírez; Juan Gabriel Rodríguez Ravelo; Martha María Saldaña Saldaña; Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez; Engels Federico Díaz Mendoza; Keila Beatriz Acosta Leonardo; Rafael Mauricio Cabral González; Laura Altagracia Santana Evangelista; Víctor Felipe Rodríguez García; Wander Manuel Díaz Encarnación; Yocaira Antonia Méndez Beltré; Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo. El imputado número 26, incluido ayer, no fue identificado.
Las irregularidades detectadas incluyen expedientes clínicos que, según la acusación, fueron elaborados con datos personales de afiliados que nunca recibieron las consultas o procedimientos registrados. También se mencionan firmas falsificadas y el uso de sellos médicos. En uno de los casos citados por el Ministerio Público aparecieron consultas ginecológicas registradas a nombre de hombres que negaron haberlas recibido.
La investigación identifica además a empleados de Senasa que, según la acusación, habrían facilitado el acceso a información confidencial o intervenido en la agilización de pagos. Entre los señalados está Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien se desempeñó como auxiliar de Autorizaciones Médicas y es considerado por el Ministerio Público uno de los principales articuladores de esta línea. Fue detenido en abril cuando intentaba salir del país y actualmente cumple prisión preventiva.
Su hermano, Angeury Guzmán Vásquez, figura entre los nuevos imputados. El abogado de ambos, Billy Gerónimo, declaró que sus representados están dispuestos a cooperar con el Ministerio Público y que Ángel Luis está “presto a llegar a cualquier tipo de solución alterna”. La acusación también menciona a la esposa y a los padres de Ángel Luis, aunque estos no están detenidos.
La nueva fase se suma al proceso abierto en diciembre de 2025 contra el entonces exdirector ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, y otras nueve personas. En ese expediente, el Ministerio Público atribuye a una estructura vinculada con la pasada administración de la ARS estatal un presunto perjuicio superior a RD$15,900 millones.
La acusación incluye, entre otras modalidades, contrataciones y facturaciones irregulares, sobornos, programas especiales sin sustento jurídico y manipulación de estados financieros. En diciembre, el juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a Hazim y otros seis imputados y declaró el caso como complejo.
