APUNTE.COM.DO.- La posibilidad de que la inteligencia artificial (IA) sustituya a los jueces en la toma de decisiones judiciales fue uno de los ejes centrales del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia, inaugurado este lunes por el Tribunal Constitucional (TC) bajo el tema “Debido proceso constitucional en materia penal”.

Durante la conferencia “El poder de juzgar sin la intervención de un juez: la imposibilidad jurídica del juez robot”, el jurista Luis Greco, de la Universidad Humboldt de Berlín, expuso que aunque el uso de algoritmos y modelos de IA generativa es técnicamente viable, resulta inadmisible desde una perspectiva ética y normativa, ya que implicaría “ejercer el poder de juzgar sin la responsabilidad individual del juzgador”.

Greco subrayó que la diferencia fundamental entre un ser humano y una máquina radica en que esta última no puede asumir las consecuencias de sus decisiones. “A diferencia del ser humano, el robot no responde de lo que él decide, porque él, en el sentido estricto, no existe. El robot no rinde cuentas de su decisión y mucho menos de sus razones. No puede mirar a los ojos a quien se ve afectado por su ejercicio de poder”, afirmó.

El jurista insistió en que la labor de emitir sentencias y ejercer otras funciones judiciales debe mantenerse bajo supervisión humana, dados los riesgos que conlleva la IA. “¿Cómo puede el robot decidir sobre la vida de alguien si literalmente no tiene ni idea de lo que es vivir? El juez robot significa poder de juzgar sin responsabilidad de jugador. La conexión entre poder y responsabilidad que impregna todo el derecho no puede romperse precisamente en el poder judicial”, manifestó.

Greco también advirtió sobre las consecuencias de delegar la redacción de sentencias a las máquinas: “el día en que se delegue a la máquina la redacción de sentencias judiciales, faltarán jueces que puedan leer y controlar esas decisiones. Se producirá un tsunami de decisiones que orillará los pequeños diques de supervisión humana como si ni siquiera estudiaran ahí”.

El congreso, organizado por el Tribunal Constitucional, reúne a más de 45 expertos nacionales e internacionales en derecho penal, procesal penal y constitucional, procedentes de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana. Las sesiones se desarrollan del 21 al 23 de septiembre en el Hotel Jaragua, en Santo Domingo.

En la apertura, el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del TC, pronunció el discurso inaugural en el que destacó que “defender el debido proceso no significa defender la impunidad: significa defender la Constitución; significa defender la dignidad humana como valor supremo y, sobre todo, significa defender la idea misma de justicia”.

Estévez Lavandier señaló que analizar el debido proceso implica examinar las restricciones que una sociedad democrática impone al ejercicio del poder. En ese contexto, citó al jurista italiano Luigi Ferrajoli, quien sostiene que «las garantías son, pues, los límites y las condiciones del correcto proceso».

El magistrado resaltó que el artículo 69 de la Constitución consagra garantías fundamentales que “lejos de constituir simples formalidades procesales, representan verdaderos límites constitucionales al ejercicio del poder”. Asimismo, recordó decisiones previas del pleno del Tribunal Constitucional que definen el debido proceso como “un derecho fundamental y como un principio jurídico-procesal que reconoce que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, mediante las cuales se procura asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso que se lleve a cabo en su contra, permitiéndole tener la oportunidad de ser oída y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juzgador”.

En las palabras de motivación, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, destacó la importancia de estos encuentros para debatir los retos del sistema judicial y afirmó que el Tribunal Constitucional ha desarrollado y fortalecido las garantías del debido proceso.