APUNTE.COM.DO.- PLD denuncia INABIE ha roto protocolos en licitaciones; escándalos de corrupción siguen afectando el bienestar estudiantil

En la presente gestión del PRM, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) no sale de un escándalo. Nueva vez, esa importante institución es tema de conversación nacional, no porque haya mejorado la calidad de la alimentación y el bienestar de nuestros estudiantes del sector público, sino por el manejo poco institucional y de transparencia con que opera.

El Partido de la Liberación Dominicana hace notar que, El INABIE tiene la responsabilidad de propiciar la alimentación de los estudiantes del sector público, por lo cual en este año 2026 dispone de un presupuesto de gastos que supera los 43 mil millones de pesos, para suplir alimentos a más de 2.3 millones de estudiantes; lo que de por sí conlleva un altísimo compromiso con el bien hacer y la transparencia.

Cada licitación que el INABIE ha realizado en el presente gobierno, ya sea para la adquisición de alimentos, de calzados o de otros insumos escolares, ha traído consigo un cúmulo de cuestionamientos y denuncias de irregularidades que, por su magnitud, transcienden las fronteras de esa institución y salen a la luz pública poniendo de manifiesto situaciones que ameritan ser explicadas.

En esta ocasión le correspondió a la licitación marcada con la referencia INABIE-CCC-PLN-2025-0045, destinada a la contratación de la alimentación escolar para los años 2026-2028. Lo primero que llama la atención es que, el pliego de esa licitación fue publicado el día 12 de noviembre del año 2025 y transcurridos 10 meses es cuando finalmente se producen las adjudicaciones y las subsiguientes contrataciones de suplidores; precisamente cuando el año escolar ya estaba prácticamente iniciando. Y aquí cabe preguntar: ¿por qué tantas modificaciones en el camino?

Entre esos cambios hay decisiones que requieren explicación pública. La primera enmienda al pliego de licitación se produjo en enero del presente año. Mediante esa enmienda, fueron retirados tres documentos fundamentales que les eran requeridos a los aspirantes a suplidores: las facturas que acreditaban servicios previos de alimentación, la evidencia de inversión en equipos exigida a las nuevas cocinas y los movimientos financieros de los últimos seis meses de las empresas interesadas.

Corresponde establecer por qué eliminaron estos mecanismos anticorrupción, bajo qué justificación técnica se sustentó y cuáles controles equivalentes se aplicaron después.

En este punto, es necesario recordar que antes del año 2020, durante la gestión del PLD, se prohibía adjudicar centros educativos que implicaran desplazamientos que pusieran en juego la calidad de los alimentos servidos. Se establecían límites como una condición obligatoria, cuyo incumplimiento no podía compensarse con puntos por capacidad instalada ni por ningún otro concepto. Pero, además, era obligatorio transportar los alimentos en vehículos cerrados para evitar la contaminación en el trayecto.

Las denuncias que han salido a la luz públicas son múltiples. Quizás la más conocida es la de San Pedro de Macorís, donde tres jóvenes con poca experiencia y dueños de empresas recién creadas obtuvieron contratos por más de 110 millones de pesos para suplir alimentos en centros escolares de esa provincia. Sobre ese mismo caso, ha salido a relucir la existencia de múltiples irregularidades. Sobre el particular, el director de INABIE ha declarado que están haciendo correcciones y que a la fecha han suspendido 42 empresas, de las cuales seis son de San Pedro de Macorís. La medida, a todas luces, es insuficiente.

Lo correcto es investigar a profundidad las causas que determinaron las irregularidades, determinar qué o cuáles situaciones se produjeron en el camino hasta llegar a esas adjudicaciones. El problema de fondo no se resuelve con la suspensión de centros. Esto último deja intacta las causas de las irregularidades y a quienes las pudiesen haber generado.

Igualmente, la información suministrada por el director del INABIE de que todavía está visitando establecimientos de cocinas para determinar si efectivamente cumplen con las especificaciones del pliego de condiciones de la licitación, es una evidencia expresa de la improvisación y la poca responsabilidad que exhibe la institución. Esas investigaciones debieron haberlas hecho antes de aprobar y contratar las empresas suplidoras.

Citamos otras denuncias de situaciones no menos relevantes, y que estarían ocurriendo: una de ellas relata que, bajo un esquema mafioso, para obtener una adjudicación sustanciosa de raciones había que pagar entre 1.5 y 2 millones de pesos.

Es de rigor decir que, cuando alguien solicita dinero de un suplidor a cambio de garantizar un determinado número de raciones alimenticias y un contrato millonario, está encareciendo el producto o mermando la calidad del servicio de alimentación. Son esos los mecanismos que usarían los suplidores para recuperar el dinero dado a cambio de las raciones obtenidas. En otro sentido, cuando se conceden millonarios contratos a empresas sin experiencia en desmedro de aquellas que sí la tienen, se están poniendo en peligro de desaparecer a las últimas; lo que no resiste justificación alguna.

También ha sido denunciado que existen centros escolares cuya matrícula es inferior a la cantidad de raciones que les fueron contratadas; esa denuncia es sumamente grave. En esos casos, se estaría sustrayendo dinero del erario público de manera aviesa en detrimento de los estudiantes y de los impuestos que pagamos los ciudadanos y ciudadanas dominicanos. Es una denuncia que por su naturaleza amerita ser investigada; lo que no es difícil. Bastaría con hacer un levantamiento exhaustivo en los centros educativos del total de personas qu