APUNTE.COM.DO.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) señala a una presunta red formada por empleados, exempleados, médicos y particulares de haber ejecutado un fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por un monto estimado en RD$41.1 millones, según la solicitud de medida de coerción del caso SeNaSa 2.0-A.
El documento, depositado el pasado sábado y de 525 páginas, indica que el entramado habría usado información confidencial de afiliados para tramitar y cobrar consultas y procedimientos médicos que nunca fueron solicitados ni recibidos. En total, entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025 se gestionaron 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas, relacionadas principalmente con consultas especializadas, cirugías menores ambulatorias y otros procedimientos.
La PEPCA sostiene que la organización operaba de manera permanente y coordinada, con una división definida de funciones. Personas con conocimiento de los protocolos internos de SeNaSa obtenían los datos de los afiliados, solicitaban las autorizaciones y preparaban los expedientes que luego presentaban para su pago.
Los formularios se completaban con información personal auténtica de los asegurados, pero incluían diagnósticos, consultas y procedimientos presuntamente inexistentes. El Ministerio Público afirma que también se falsificaban las firmas de los afiliados y se utilizaban códigos, sellos y firmas de médicos para dar apariencia de legalidad a las reclamaciones.
Uno de los principales soportes de la investigación son las entrevistas a afiliados cuyos nombres aparecen en los formularios. Estos aseguraron que no conocían a los médicos, que nunca visitaron los consultorios indicados y que tampoco recibieron los procedimientos cargados a sus seguros.
Los entrevistados fueron “enfáticos al señalar que no solicitaron, no firmaron, ni recibieron los procedimientos médicos”, según recoge el expediente. Otros declararon que en las fechas en que supuestamente fueron atendidos estaban trabajando, en sus hogares, fuera de la ciudad o fuera del país.
La investigación plantea que no se trató de una selección al azar. La red habría buscado personas que utilizaran poco el seguro o que fueran difíciles de localizar, lo que reducía la posibilidad de que revisaran su historial y descubrieran los servicios registrados a sus nombres.
Según la PEPCA, las autorizaciones eran solicitadas desde tres números telefónicos. Durante las llamadas, los operadores se identificaban como Pedro Martínez, Ángel Beltré o Amauris Gutiérrez para ocultar sus verdaderas identidades, práctica que habría sido comprobada mediante el análisis de las grabaciones, de acuerdo con la página 14.
El expediente señala como uno de los principales articuladores a Ángel Luís Guzmán Vásquez, exempleado del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022. Su conocimiento de los protocolos internos habría sido utilizado para tramitar servicios que los afiliados no habían requerido.
La estructura completaba los formularios con los datos de los asegurados y usaba los códigos de los médicos para presentar las reclamaciones. Una vez que SeNaSa desembolsaba el dinero, los prestadores recibían los pagos y presuntamente transferían una parte a los operadores que habían conseguido las autorizaciones y preparado los expedientes.
La PEPCA documenta transferencias entre médicos, exempleados, familiares y otros vinculados. Algunas no tenían descripción y otras fueron registradas con conceptos como “San de tu madre” y “pago préstamo Ángel Luís Guzmán”, según la página 11.
El Ministerio Público sostiene que el dinero era distribuido “conforme a acuerdos previamente establecidos”, con una división de los beneficios entre los miembros de la red, como recoge la página 24.
De los 25 imputados, 21 son médicos. La solicitud de coerción incluye a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
También figuran los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Martha María Saldaña Saldañ.
Completan la lista Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso, según consta en la página 524 del expediente. Para sustentar la petición, la PEPCA argumenta peligro de fuga y riesgo de que los señalados puedan interferir en la investigación, alterar evidencias o influir sobre víctimas y testigos.
El órgano acusador advierte que el caso permanece abierto y que podrían incorporarse más personas, además de que el monto atribuido al fraude podría aumentar conforme avance el proceso.
Las imputaciones corresponden a la teoría del Ministerio Público y deberán ser debatidas ante los tribunales, donde los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
