APUNTE.COM.DO.- Santo Domingo.- Los médicos gineco-obstetras vinculados al caso SeNaSa 2.0-A habrían incurrido en un patrón irregular en las autorizaciones médicas, que consistía en registrar una o varias consultas de ginecología a afiliados masculinos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), de acuerdo con las investigaciones.

La Dirección de Persecución del Ministerio Público, junto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), detectó estas irregularidades tras pesquisas que evidenciaron un incremento notable en las autorizaciones emitidas por esos prestadores de servicios de salud.

Al revisar de manera aleatoria el historial de los afiliados, las autoridades identificaron el patrón anómalo. Los usuarios masculinos, al ser contactados, no confirmaron haber recibido esas atenciones médicas. Esto forma parte de lo que establece la orden de allanamiento y arresto emitida contra los involucrados en el proceso judicial.

Con mascarillas y esposados: así son trasladados los médicos y demás arrestados en la Operación SENASA 2.0

El expediente también da cuenta de facturación por servicios no prestados y de duplicidad de atenciones. La investigación del caso SeNaSa 2.0-A indica que los médicos implicados hicieron una facturación irreal de consultas especializadas y servicios ambulatorios que los afiliados tampoco reconocieron.

Asimismo, se detectó que el Número de Aprobación de Prestador (NAP) de procedimientos ambulatorios y consultas presentaba un comportamiento irregular, asociado a autorizaciones previamente identificadas como fraudulentas. En esos casos se observó un flujo fluctuante de la población usuaria y de los montos autorizados, incluyendo meses sin operatividad alguna.

De acuerdo con la investigación, estas operaciones habrían contado con la complicidad de empleados de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) SeNaSa. Entre los investigados figura un excoordinador del Departamento de Autorizaciones Médicas, que laboró desde el 26 de junio de 2016 hasta el 24 de julio de 2024, y un exsupervisor de Servicios a Usuarios, desde el 21 de marzo de 2016 hasta el 4 de marzo de 2025.

Los doctores implicados que recibían los fondos de la presunta estafa contra el Seguro Nacional de Salud realizaban transferencias a Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien cumple prisión en el Centro Correccional Las Parras. Según las autoridades, ese habría sido el modus operandi del entramado.

Las indagatorias permitieron identificar transacciones no solo relacionadas con los médicos, sino también con los citados exempleados de SeNaSa en las áreas de autorizaciones médicas y servicios a usuarios. También se reveló que en los esquemas irregulares están involucrados los padres y un hermano de Ángel Luis Guzmán Vásquez, quienes fueron arrestados durante los operativos.

Dichas vinculaciones están respaldadas por transferencias bancarias de recursos que habrían sido obtenidos de manera fraudulenta en perjuicio de la ARS estatal y sus afiliados. Por ello, el Ministerio Público solicitó las órdenes de allanamiento y secuestro de bienes para recopilar pruebas de los presuntos ilícitos penales.

Los organismos de investigación, encabezados por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, precisan que tras una exhaustiva labor de inteligencia se ubicaron los domicilios y residencias de los investigados.

Facturas sin dar el servicio o alteradas, entre  las imputaciones  a médicos apresados en Operación SeNaSa 2.0

Estas ubicaciones quedaron consignadas en el informe de inteligencia denominado Plan de Operaciones "Caso SeNaSa – Doctores", que contempla 36 inmuebles para allanamiento, vinculados a 20 objetivos masculinos y 14 femeninos. Los operativos forman parte de las diligencias derivadas de las indagaciones del caso SeNaSa, proceso judicial del cual se desprende la Operación Cobra.

Varios de los 28 apresados, entre los que se encuentran médicos cirujanos, pediatras, ginecólogos, farmacéuticos y exempleados de SeNaSa, fueron trasladados por agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).

Los detenidos fueron llevados desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, sede de la Fiscalía del Distrito Nacional, hacia la Procuraduría General de la República para ser interrogados nuevamente por el equipo de la Dirección de Persecución y la Pepca, bajo la dirección de Wilson Camacho.