APUNTE.COM.DO.- La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de Perú dispuso el viernes el archivo definitivo del proceso por lavado de activos agravado que se seguía contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). La causa estaba relacionada con una investigación sobre presuntos aportes irregulares destinados a financiar su campaña electoral de 2016.
El tribunal declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Kuczynski y aplicó criterios establecidos previamente por el Tribunal Constitucional (TC) en casos similares relacionados con Keiko Fujimori y Ollanta Humala.
El Tribunal Constitucional determinó que los hechos atribuidos en esos procesos no constituían delito bajo la legislación vigente al momento de las campañas investigadas. Según ese criterio, la modalidad de receptación patrimonial señalada en la acusación no estaba tipificada cuando ocurrieron los hechos y fue incorporada mediante un decreto legislativo que entró en vigor en noviembre de 2016, después de la campaña electoral.
La Fiscalía sostenía que Kuczynski había financiado su campaña de 2016 mediante presuntos falsos aportantes, cenas para recaudar fondos, préstamos al partido y transferencias de dinero a los tesoreros de la campaña. El Ministerio Público también había incorporado el delito de organización criminal en la investigación relacionada con el partido Peruanos por el Kambio (PPK).
Con el archivo definitivo, la Sala de Apelaciones ordenó además anular los antecedentes penales y judiciales de Kuczynski.
En mayo pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, había dispuesto el sobreseimiento de otra causa relacionada con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Kuczynski de 2011. Ese expediente permanecía abierto desde hacía casi una década y tomó relevancia después de que, a finales de 2016, salieran a la luz las investigaciones vinculadas al caso Odebrecht.
La Fiscalía peruana sostenía que Kuczynski habría recibido unos 300.000 dólares provenientes de la denominada Caja B de la constructora brasileña para financiar su campaña electoral de 2011. Sin embargo, el juez consideró que correspondía archivar la investigación a partir de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con una acusación contra Keiko Fujimori por presunta financiación irregular de campañas.
Fujimori permaneció en prisión preventiva durante dos periodos, que en conjunto sumaron cerca de un año y medio, antes de recuperar la libertad por una decisión del Tribunal Constitucional. Por su parte, el expresidente Ollanta Humala cumplió diez meses de prisión preventiva mientras la justicia investigaba la financiación de su partido y ordenaba medidas sobre sus bienes y cuentas bancarias.
La decisión sobre Kuczynski se produjo el mismo día en que el máximo órgano de la judicatura peruana cesó al juez Richard Concepción Carhuancho mediante un procedimiento disciplinario. La medida contra el magistrado estuvo relacionada con presuntas demoras en la notificación escrita y en el trámite de apelación de una prisión preventiva dictada contra otro investigado.
