APUNTE.COM.DO.- Desde las primeras horas de este viernes, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) estuvo marcada por la tensión derivada de los allanamientos realizados en diversos puntos del país en el marco del caso Senasa 2.0.
Los operativos arrancaron alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando brigadas de la Pepca, con respaldo policial, se dirigieron a viviendas, centros médicos, laboratorios y otros establecimientos ligados a servicios de salud.
A partir de las 7:00 de la mañana empezaron a trascender las primeras informaciones sobre los allanamientos y el traslado de personas hacia la Procuraduría. Mientras el operativo seguía en marcha, la sede del organismo comenzó a ser custodiada por un contingente policial y por abogados que llegaron en representación de algunos de los presuntos implicados.
Cerca de las 8:00 de la mañana, con la presencia de la prensa, se conocieron más detalles de los procedimientos y los juristas comenzaron a ofrecer declaraciones.
El abogado Ramón Santos, representante de una doctora cirujana, relató que fue contactado aproximadamente a las 5:20 de la mañana por el esposo de la profesional, quien le comunicó que esta había sido llevada a la procuraduría.
De igual modo, otro de los abogados presentes indicó que recibió una llamada telefónica alertándolo de que su representado, un pediatra, había sido allanado y posteriormente trasladado alrededor de las 5:00 de la mañana.
Mientras los allanamientos continuaban en distintos puntos del país, comenzaron a llegar a la Procuraduría las personas detenidas durante los operativos.
Las primeras versiones que circulaban mencionaban más de 20 médicos detenidos, aunque hasta ese momento no existía un balance oficial completo sobre la cantidad de arrestados ni sus identidades.
Pasadas las 9:00 de la mañana, los abogados afirmaban desconocer las imputaciones específicas contra sus clientes. Sin embargo, al llegar las 11:00 a.m. se informó que al menos siete cirujanos ortopedas habían sido detenidos durante la operación.
El jurista Jorge Contreras, representante de los galenos, acudió a la procuraduría y, al dirigirse a los medios, informó que representa a siete de los apresados y a miembros de dos farmacéuticas.
Señaló que a los médicos se les acusa de haber emitido facturas sin brindar el servicio y que estos profesionales sabían que estaban siendo investigados porque habían sido interrogados, al menos en dos ocasiones, en las instalaciones de la Procuraduría.
Asimismo, el abogado Adolfo Germán Miranda confirmó que el doctor Gabriel Ravelo, quien se desempeñaba como subdirector del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, se encuentra detenido en relación con el caso del Seguro Nacional de Salud.
Otro de los nombres que aparecen en los medios es el del “doctor Puriel”, especialista en ginecología. Al igual que los demás especialistas, su detención se produjo aproximadamente a las 5:00 de la mañana de este viernes.
A la 1:00 de la tarde, el presidente Luis Abinader se pronunció sobre los allanamientos y sostuvo que quienes cometan actos de corrupción deberán responder ante la justicia.
“Todo el que tenga mérito para ser sometido, que sea sometido. Y que esto sirva de ejemplo, de ejemplo ahora y para estos meses, estos años, que el que comete un acto de corrupción va a ser sometido a la justicia y va a la cárcel”, expresó el mandatario.
Abinader subrayó que corresponde al Ministerio Público profundizar las investigaciones y establecer las responsabilidades que correspondan, conforme al debido proceso y al marco institucional.
A la 1:47 de la tarde, el Ministerio Público confirmó el inicio de la Operación Senasa 2.0-A, con un saldo de al menos 28 personas arrestadas, vinculadas con la estructura de corrupción administrativa que habría sustraído fondos públicos a través de Senasa.
Indicaron que los equipos de fiscales practicaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
Además, detallaron que durante la operación han ocupado bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego con el objetivo de procesar a médicos que, según el comunicado, “violaron el Código Penal y amenazaron los servicios de salud a sectores vulnerables, incluso afectaron a sus propios colegas que actúan ceñidos a la ética profesional y apegados a las leyes vigentes”.
En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó a Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Los registros autorizados por la jueza Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, fueron ejecutados en inmuebles vinculados a distintas personas, entre ellas Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Juan Henry Poueriet, Einstein Rafael Borromé Vásquez, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Steven Alexander Rabassa Fernández, Marcelino Eusebio Figuereo y Eulalia Fiordaliza Castro López.
También figuran Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito, Luis Manuel Tejada Moreno, Rafael Mauricio Cabral González, María Isabel Batista Germán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Rafael Messon Manzueta, Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez y Luz Esther Reyes Durán de Ramírez.
La lista incluye además a Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista y Víctor Felipe Rodríguez García.
