APUNTE.COM.DO.- El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Tito Hernández, advirtió que la República Dominicana no está preparada para enfrentar una apertura total del mercado del arroz y consideró que derogar el Decreto 693-24, como ha planteado Estados Unidos, podría comprometer seriamente la principal producción agrícola del país.

Hernández sostuvo que durante aproximadamente dos décadas el país tuvo la oportunidad de preparar al sector arrocero para enfrentar las condiciones de apertura previstas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), pero entiende que no se hicieron las transformaciones necesarias.

“Durante ese tiempo debimos modernizar los sistemas de riego, reducir los costos de producción, renovar las variedades, fortalecer la investigación, ampliar el financiamiento, mejorar la mecanización y desarrollar una verdadera política nacional de competitividad arrocera”, expresó.

A su juicio, esa falta de preparación no puede ser atribuida a los productores, sino que constituye una responsabilidad acumulada del Estado y de las diferentes administraciones gubernamentales.

“No sería justo descargar ahora sobre los productores las consecuencias de dos décadas de insuficiente planificación e inversión”, manifestó el presidente de la ANPA.

Advierte sobre impacto en productores

Hernández señaló que la petición estadounidense no se limita a la eliminación de una disposición presidencial, sino que procura ampliar el acceso del arroz de Estados Unidos al mercado dominicano conforme a las condiciones comerciales que Washington entiende fueron pactadas en el DR-CAFTA.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha planteado públicamente la importancia de derogar el Decreto 693-24 para el acceso del arroz estadounidense al mercado dominicano.

El dirigente agropecuario entiende que una apertura en esas condiciones obligaría a los productores dominicanos a competir con una agricultura estadounidense caracterizada por mayor escala productiva, elevados niveles de tecnificación y condiciones diferentes de financiamiento y apoyo estatal.

“No se trataría de una competencia entre iguales”, afirmó.

Según Hernández, una eventual eliminación de las actuales medidas de protección podría afectar a alrededor de 30,000 productores, entre 1.3 y 1.5 millones de tareas cultivadas y una producción cercana a los 14.8 millones de quintales de arroz.

También situó en más de RD$45,000 millones anuales el movimiento económico de la cadena arrocera.

Datos divulgados por autoridades dominicanas cuando se anunció el Decreto 693-24 situaron el impacto económico anual del sector por encima de RD$45,000 millones y señalaron que genera más de 30,000 empleos directos.

Teme reducción de siembra y cierre de factorías

El presidente de la ANPA advirtió que una apertura repentina podría provocar una reducción de los precios pagados a los productores, acumulación de las cosechas nacionales, mayor endeudamiento y disminución de las áreas destinadas a la siembra.

También planteó como posibles consecuencias el cierre de factorías y otras empresas vinculadas con la producción, procesamiento y comercialización del cereal.

Hernández manifestó preocupación, además, por el riesgo de que República Dominicana pierda progresivamente su autosuficiencia arrocera y aumente su dependencia de las importaciones de uno de los alimentos de mayor consumo entre los dominicanos.

Reconoció que quienes favorecen una mayor apertura comercial podrían argumentar que las importaciones contribuirían a reducir los precios al consumidor, pero afirmó que no existe garantía de que toda la eventual diferencia de precios sea transferida a las familias.

Indicó que entre la importación y la venta final intervienen procesos como almacenamiento, procesamiento, transporte, distribución y comercialización.

“El productor dominicano podría resultar destruido sin que el consumidor reciba un beneficio permanente y proporcional”, advirtió.

Defiende seguridad alimentaria

Para Hernández, el debate no debe concentrarse exclusivamente en el comercio, debido a que la producción arrocera también está vinculada con la seguridad alimentaria, el empleo y la estabilidad económica de numerosas comunidades rurales.

“El arroz no es solamente una mercancía. Es alimentación, empleo, estabilidad social, desarrollo rural y seguridad nacional”, afirmó.

El dirigente reconoció que República Dominicana debe cumplir sus compromisos internacionales, pero sostuvo que el Estado también tiene la responsabilidad de preservar la capacidad nacional para producir alimentos esenciales.