APUNTE.COM.DO.- Por JHONNY TRINIDAD
Que la Junta Central Electoral de la República Dominicana, el órgano constitucional que custodia nuestra identidad y nuestra democracia, aparezca en un aviso de embargo pegado en la puerta de una oficina en Broadway, como si fuera una bodega que no pagó la renta, no es solo una vergüenza. Es un crimen institucional.
Y alguien tiene que pagar por él.
No hay confusión posible. Según la sentencia del Distrito Sur de Nueva York, caso 1:25-cv-02830-PKC, dictada en rebeldía el 26 de noviembre de 2025 por el juez Kevin Castel, y ejecutada por el City Marshall Martin A. Bienstock mediante Aviso M 373516 notificado el 6 de septiembre:
La JCE firmó el 30 de octubre de 2023 un contrato por UN MILLÓN DE DÓLARES con la empresa Latin Events.
¿Para qué? No para comprar tinta indeleble. No para depurar el padrón. Para pagar 15,000 boletas y 20,000 almuerzos y una campaña de "registro de votantes" en medio de la serie de Águilas y Licey en el Citi Field de Nueva York, en noviembre de 2023.
La empresa dice que solo recibió 230,000 dólares. Quedó un balance de 770,000. Con intereses, mora y gastos, la Corte condenó a la JCE a pagar 838,337.50 dólares. Hoy, con recargos diarios, la deuda va por 982,261.88 dólares según el abogado Julio Cury.
La JCE no compareció en Nueva York. No contestó la demanda. La dejaron en rebeldía. El 29 de octubre de 2025 le emitieron el certificado de default y en marzo de 2026 salió la condena. Cuando la prensa les preguntó, respondieron con un mensaje de texto: "El caso está en manos de tribunales dominicanos".
Y mientras tanto, la homologación en República Dominicana, Auto 036-2026-SAUT-00294 del 29 de junio de 2026, ya está hecha. Y Latin Events ya pidió a Banreservas retenerle 108.7 millones de pesos a la JCE.
Ahora, el 1 de octubre de 2026 a las 9:00 de la mañana, si no pagan 72 horas antes, se subastan en Manhattan computadoras, impresoras, sillas, televisores y hasta obras de arte de la oficina de la JCE en el 1501 Broadway, suite 410.
Esa es la realidad. No es una narrativa de la oposición. Es una sentencia federal.
¿QUIEN FIRMO?
Aquí es donde empieza la podredumbre.
La JCE es un órgano colegiado. Su Pleno lo presidía y lo preside Román Jáquez Liranzo. Pero el Pleno no puede alegar ignorancia eterna. Según la propia defensa de la JCE en el país, "no existe evidencia de que el pleno o el presidente hayan aprobado o autorizado los servicios".
Entonces, ¿quién firmó un contrato de un millón de dólares en nombre de la República Dominicana sin aprobación del Pleno?
Queremos nombres y cargos:
-El Director Administrativo y Financiero de 2023. ¿Quién autorizó el desembolso de los primeros 230,000 dólares? ¿Con qué partida presupuestaria? ¿Con qué certificación de Contraloría?
-El Consultor Jurídico de la JCE. ¿Quién visó un contrato bajo ley de Nueva York, sometiendo a la JCE a jurisdicción extranjera, sin una cláusula de arbitraje en RD? Eso es imperdonable.
