APUNTE.COM.DO.- La falta de aplicación efectiva de la legislación, el desorden en el registro y regulación de motocicletas, la dependencia del vehículo particular, las deficiencias del transporte público, la conducta de los usuarios de las vías y la ausencia de una coordinación integral entre las instituciones responsables figuran entre los principales desafíos que enfrenta República Dominicana en materia de tránsito y movilidad.
Estos temas fueron abordados este domingo 13 de septiembre durante RD Debate, en un encuentro en el que especialistas y representantes de los ámbitos político, sindical, municipal y de la seguridad vial analizaron las causas del caos vehicular y plantearon alternativas para avanzar hacia un sistema de movilidad más seguro, organizado y eficiente.
Los participantes coincidieron en que el país dispone de suficientes diagnósticos sobre la problemática, pero todavía enfrenta dificultades para convertirlos en políticas públicas efectivas y sostenidas en el tiempo.
Durante el encuentro se puso especial atención en la aplicación de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la regulación de las motocicletas, la educación vial, la seguridad ciudadana, el transporte colectivo, la planificación urbana, la recuperación de los espacios públicos y el uso de tecnología para gestionar el tránsito.
En el encuentro participaron Juan Hubieres, Rafael Tobías Crespo, Aníbal Germoso, Dary Terrero, Jorge Juan Feliz Pacheco y Alexandra Cedeño, quienes expusieron diferentes perspectivas sobre la situación del tránsito en República Dominicana y plantearon alternativas para mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y enfrentar los principales desafíos del sistema.
Hubieres: “El problema del tránsito es la gente”
Uno de los planteamientos más contundentes fue realizado por el dirigente del transporte Juan Hubieres, quien afirmó que “el problema del tránsito es la gente”, al considerar que el comportamiento de conductores y peatones constituye uno de los principales obstáculos para organizar la circulación vehicular en el país.
Hubieres sostuvo que cerca del 90 % de los accidentes de tránsito ocurre por fallas humanas, y no necesariamente por desperfectos o malas condiciones de los vehículos. En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer la educación vial, exigir el cumplimiento de las normas y aplicar consecuencias efectivas contra quienes conduzcan de manera irresponsable.
Durante su intervención, el dirigente transportista también aseguró que los congestionamientos terminan beneficiando a sectores vinculados a la comercialización de combustibles.
“Los tapones no son más que un negocio para quienes manejan el negocio del combustible en la República Dominicana”, manifestó Hubieres.
Explicó que los vehículos atrapados durante horas en las vías consumen mayores cantidades de combustible, situación que, a su juicio, genera beneficios económicos para determinados sectores, mientras afecta la productividad y la calidad de vida de los ciudadanos.
Hubieres planteó además que la problemática de las motocicletas no puede analizarse exclusivamente desde la perspectiva de la movilidad, debido a sus implicaciones en materia de seguridad ciudadana, investigación policial y responsabilidad estatal.
Sostuvo que no se debe responsabilizar directamente a las motocicletas por la comisión de hechos criminales, sino fortalecer la identificación y el control de quienes utilizan estos vehículos para actividades ilícitas.
“Esto no es la motocicleta con este crimen. Son hombres”, afirmó.
El dirigente consideró necesario establecer consecuencias efectivas para quienes incumplan las normas, incluyendo disposiciones relacionadas con el uso adecuado del casco protector y la identificación de los ocupantes.
“Falta la regulación, falta la consecuencia”, enfatizó.
Asimismo, planteó que la respuesta frente al uso de motocicletas en hechos de sicariato y otros delitos debe involucrar a la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y el Gobierno central.
Crespo cuestiona falta de aplicación de la Ley 63-17
El diputado Rafael Tobías Crespo cuestionó la falta de voluntad política para hacer cumplir de manera integral la legislación vigente y afirmó que, desde su aprobación, no se ha ejecutado ni siquiera una quinta parte de lo establecido en la Ley 63-17.
Crespo llamó particularmente la atención sobre las disposiciones contempladas entre los artículos 75 y 79, relacionadas con el registro y regulación de las motocicletas, incluyendo aquellas destinadas a actividades como mototaxi, delivery y otros servicios.
A su juicio, la realidad que se observa diariamente en las calles evidencia el incumplimiento de esas disposiciones, debido a que numerosas motocicletas circulan sin matrícula, placa, seguro o licencia de conducir.
Para el legislador, el problema no radica únicamente en la existencia de una normativa, sino en la capacidad y voluntad de las autoridades para ejecutarla y garantizar que las reglas sean cumplidas.
Germoso propone utilizar la tecnología para fiscalizar el tránsito
El ingeniero civil y creador de Accidentes RD, Aníbal Germoso, consideró que fortalecer el transporte público colectivo constituye una pieza fundamental para enfrentar la congestión vehicular.
Germoso sostuvo que en la sociedad dominicana se ha desarrollado una cultura que relaciona la adquisición de un vehículo particular con progreso y bienestar. Frente a esa realidad, consideró que el Estado debe garantizar alternativas de transporte público eficientes, seguras y confiables que permitan reducir la dependencia del automóvil.
Asimismo, afirmó que las autoridades encargadas de fiscalizar el tránsito han perdido la batalla frente a los conductores, por lo que propuso reducir la dependencia de los agentes en las calles y apostar por la tecnología como herramienta principal para detectar y controlar las inf
