APUNTE.COM.DO.- El Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de Santiago autorizó al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) a poner en marcha un mecanismo para adelantar el pago de las obligaciones laborales que Falconbridge Dominicana (Falcondo) mantiene pendientes con sus trabajadores cesantes, según informó este domingo la entidad estatal.
La decisión está contenida en una resolución con fecha del 10 de septiembre de 2026 y permitirá que los antiguos empleados de la minera cobren sus prestaciones laborales y otros derechos adquiridos sin aguardar a que concluya el proceso de reestructuración que se tramita ante ese tribunal.
De acuerdo con una nota de prensa del Fonper, el mecanismo prevé que esa entidad adelante los recursos correspondientes a las acreencias laborales que previamente sean determinadas y aprobadas por el Ministerio de Trabajo.
La solicitud fue presentada por el Estado dominicano ante la prolongación del pago de las prestaciones por parte de Falcondo y la situación de los trabajadores que siguen esperando recibir los recursos que les corresponden.
La resolución establece que los pagos que haga el Fonper no constituirán una transferencia definitiva de recursos públicos en favor de Falcondo. El Estado podrá colocarse en la posición de acreedor frente a la empresa por las cantidades que efectivamente desembolse, a través de un mecanismo de subrogación.
Esto implica que los recursos adelantados a los trabajadores podrán ser reclamados más adelante dentro del proceso de reestructuración, con cargo al patrimonio de Falcondo y conforme a las condiciones fijadas por el tribunal.
La decisión también toma en cuenta que la empresa cuenta con activos mobiliarios e inmobiliarios que podrían ser realizados dentro del proceso, lo que haría posible procurar la recuperación de los fondos adelantados por el Estado.
Al ponderar la solicitud, el tribunal consideró la protección que la Constitución y las leyes dominicanas otorgan a los derechos laborales, así como el impacto económico y social que representa para los trabajadores esperar la conclusión de un proceso de insolvencia.
La nota señala que con esta autorización el Estado podrá dar una respuesta más rápida a los antiguos empleados de Falcondo, mientras continúa el proceso judicial vinculado a la situación financiera de la empresa.
El mecanismo busca, además, evitar que el Estado asuma de manera definitiva una obligación que corresponde a Falcondo, al permitirle reclamar posteriormente los montos desembolsados.
La decisión abre así una vía para atender las obligaciones laborales pendientes con los trabajadores cesantes, mientras el proceso de reestructuración de Falcondo sigue su curso ante el tribunal.
