APUNTE.COM.DO.- El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que la investigación de la Operación Onco14 permanece abierta y señaló que es muy probable que surjan nuevos avances antes de que se presente la acusación definitiva.
Camacho indicó que el Ministerio Público sigue trabajando para concluir las pesquisas y luego llevar la acusación ante los tribunales.
La Operación Onco14 se relaciona con una investigación sobre el uso de recursos públicos vinculados al Instituto Oncológico Regional del Cibao y a fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) destinados a la atención de pacientes con enfermedades de alta complejidad.
En el caso fueron sometidos a la justicia Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. El proceso fue declarado complejo y los tribunales han aplicado distintas medidas de coerción a los imputados.
El Ministerio Público ha sostenido que las investigaciones buscan establecer las responsabilidades de quienes habrían participado en las presuntas irregularidades y ha dejado abierta la posibilidad de incluir a otras personas en el proceso.
Camacho no identificó a posibles nuevos imputados ni fijó una fecha para la presentación de la acusación, ya que las investigaciones continúan en curso.
El director general de Persecución ofreció estas declaraciones tras participar como conferencista principal en una actividad en Santiago titulada El Expansionismo Penal como Fenómeno Político-Criminal: Fundamentos Teóricos, Manifestaciones en la República Dominicana y Análisis de la Arquitectura de la Ley núm. 74-25.
Durante la conferencia, Camacho abordó los cambios introducidos por el nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal, así como el debate sobre la tendencia a ampliar la intervención del derecho penal ante las demandas sociales de mayor protección frente al delito.
En ese contexto, sostuvo que la respuesta del Estado no debe limitarse al aumento de las penas y afirmó que es partidario de aplicar manos inteligentes en la persecución del delito.
El funcionario planteó que para un delincuente puede resultar más disuasiva la posibilidad efectiva de ser identificado, apresado, procesado y condenado que el nivel de la pena establecido en abstracto por la legislación.
