APUNTE.COM.DO.- Los organismos de seguridad de la República Dominicana aún se rigen por una legislación de 1988 para perseguir el tráfico de drogas, por lo que el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, considera necesario reformar la Ley 50-88 para combatir con eficacia el crimen organizado.
Cabrera Ulloa advirtió que el marco legal vigente no contempla sanciones para quienes trafiquen con drogas sintéticas, es decir, sustancias narcóticas producidas en laboratorios, a diferencia de la marihuana y los hongos, que provienen de plantas. “Por eso reviste de tanta importancia que la República Dominicana se ponga acorde con todas las normativas internacionales”, dijo en una entrevista en el Congreso Nacional.
El titular de la DNCD también abogó por incluir en la nueva legislación la figura de la conspiración, ya que “eso abre más el espacio para nosotros poder hacer los procesos desde que se inicia el intento de traficar la sustancia ilícita, hasta el final”. Este mecanismo ha sido utilizado por los fiscales de Estados Unidos para encarcelar a criminales extranjeros que intentan enviar drogas a su territorio. Entre los procesados figuran varios dominicanos, como el exdiputado Miguel Gutiérrez y el exregidor Edickson Herrera Silvestre (Yeyea), ambos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), requeridos por las autoridades estadounidenses mientras ejercían sus funciones.
Además, sugirió que los narcotraficantes reincidentes reciban penas mayores. “Porque hemos visto que hay personas a las que les arrestamos 5, 6, 7, 8 veces y continúan con la penalidad mínima”, expresó. También consideró necesario tipificar las drogas fabricadas con componentes químicos, pues “son altamente peligrosas para la vida humana y la salud”.
Estas declaraciones las ofreció en el Senado, donde participaba en un taller sobre los “Retos y desafíos en la legislación sobre drogas en la República Dominicana”, organizado junto con la Organización de Estados Americanos (OEA). Según fuentes extraoficiales, los congresistas de la cámara alta estudian propuestas elaboradas por la Procuraduría General de la República (PGR).
