APUNTE.COM.DO.- Bogotá.- Una nueva medida judicial emitida este sábado por un juzgado del departamento colombiano del Guaviare ordena al presidente Abelardo de la Espriella y al Ejército abstenerse de bombardear objetivos de grupos armados en la zona cuando exista información sobre la presencia de menores de edad.
La decisión se suma a una medida cautelar dictada el pasado jueves por un juzgado de Bogotá, que también ordenó al mandatario y a las Fuerzas Armadas no realizar bombardeos en lugares donde haya evidencia de menores víctimas de reclutamiento forzado.
Ambos fallos se conocen una semana después de que el Instituto de Medicina Legal informara que tres menores murieron en una operación militar contra un grupo de las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de El Retorno, en el Guaviare.
El juzgado tercero penal del circuito de San José del Guaviare respondió a la acción de tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez para proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento en el departamento.
La medida provisional ordena al Ministerio de Defensa, Ejército, Fuerza Aérea y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, en un plazo de 48 horas, informen sobre las medidas, protocolos y mecanismos que implementan o reforzarán para identificar la presencia de niños en zonas donde se realizan operaciones militares.
También les pide verificar la información de inteligencia relacionada con el posible reclutamiento de menores, evaluar los riesgos para la población civil antes de ejecutar operaciones aéreas y garantizar un enfoque diferencial y de protección reforzada de la niñez en la planeación y ejecución de esas operaciones.
El pasado 27 de agosto, tres menores fallecieron en un bombardeo del Ejército colombiano contra un grupo de las disidencias de las FARC en la zona rural de El Retorno. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres de los diez cuerpos recuperados correspondían a menores: dos de 15 años y uno de 16.
El Gobierno defendió entonces la legalidad de la operación y señaló que los menores formaban parte del grupo armado, por lo que fueron considerados “blanco legítimo”.
Este caso se sumó a la muerte de otro menor en un bombardeo ejecutado el 10 de agosto en la región del Catatumbo, en el noreste del país, lo que avivó el debate sobre el uso de operaciones aéreas contra grupos que reclutan niños, niñas y adolescentes.
La controversia ocurre en medio del aumento de operaciones militares ordenadas por el Gobierno de De la Espriella y de las alertas sobre el reclutamiento de menores en el conflicto. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y el 31 de julio de 2026 se registraron 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
