APUNTE.COM.DO.- El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, afirmó que la entrada en vigor del nuevo Código Penal fortalecerá la seguridad jurídica, la institucionalidad y la competencia leal en el país. Instó al sector empresarial a prepararse para asumir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, figura que introduce el riesgo penal en la gestión de las organizaciones.
El dirigente empresarial sostuvo que la nueva legislación sustituye un marco normativo con más de un siglo de vigencia y plantea un escenario que exige a las empresas reforzar sus programas y culturas de cumplimiento interno. Se expresó en esos términos durante la apertura del Encuentro Industrial "Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad", actividad que contó con la participación de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
Explicó que para mitigar el riesgo penal empresarial no bastará con contar con manuales o códigos formales, sino que se requerirá una gestión activa basada en la identificación de amenazas y el establecimiento de controles efectivos. Añadió que este esfuerzo debe incluir la formación del personal, la creación de canales de denuncia e investigación de irregularidades, y la integración del cumplimiento como un pilar fundamental dentro de las operaciones diarias de las empresas.
Asimismo, estimó que el cambio normativo genera interrogantes sobre los criterios de aplicación de la responsabilidad penal en los órganos de dirección, los estándares de cumplimiento exigidos y la adaptación del nuevo régimen para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Mientras, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que la implementación del nuevo Código Penal trasciende una simple reforma normativa para convertirse en un cambio profundo en el marco procesal y dogmático del sistema de justicia dominicano. Ante los directivos y representantes del sector empresarial, la magistrada destacó la transición de la tradición jurídica dominicana desde la influencia del derecho penal francés con el Código Napoleónico de 1884 hacia paradigmas modernos influenciados por la teoría de la imputación objetiva y el derecho penal contemporáneo.
Reynoso subrayó que la nueva legislación introduce importantes novedades, entre ellas más de 70 nuevas tipificaciones penales como los ciberdelitos, las infracciones ambientales y la trata de personas, el incremento de las penas máximas hasta 40 años para los delitos de extrema gravedad, y un sistema acumulativo de penas que puede llegar hasta 60 años. De manera crucial para el sector privado, mencionó la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas como una de las principales novedades del nuevo Código.
La procuradora resaltó, además, que el nuevo texto consagra principios rectores fundamentales como la legalidad, la irretroactividad, la interpretación estricta, la culpabilidad, la mínima intervención (ultima ratio) y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Igualmente, hizo hincapié en la tipificación autónoma y rigurosa de los delitos contra la administración pública y la corrupción, con sanciones reforzadas para figuras como el peculado, la prevaricación, el desfalco y el cohecho.
Durante el panel, moderado por el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, la procuradora general respondió a diversas inquietudes planteadas por los industriales sobre la aplicación práctica del nuevo marco legal en el ámbito empresarial.
