APUNTE.COM.DO.- El magistrado Alexandre de Moraes presentó este jueves una solicitud ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para que se investigue a su colega André Mendonça por presunto abuso de autoridad, improbidad administrativa y delito de responsabilidad, en un nuevo episodio de la crisis entre ambos jueces por la investigación sobre el Banco Master.

Mendonça, quien integra el STF desde 2021 y fue ministro de Justicia durante el gobierno de Jair Bolsonaro, había ordenado dos días antes la divulgación de un informe de la Policía Federal que expone comunicaciones entre Moraes y el banquero Daniel Vorcaro, principal acusado en el caso.

La solicitud de Moraes fue remitida al presidente del Supremo, Edson Fachin, para que adopte las medidas que considere pertinentes. El magistrado alega que existen indicios de que Mendonça habría actuado de manera irregular al supervisar las investigaciones conocidas como Operación Compliance Zero y Operación Sem Desconto, relacionadas con el caso Banco Master.

Moraes basó su pedido en el llamado “Inquérito das Fake News”, una investigación abierta por el Supremo en 2019 para indagar ataques contra la Corte, sus integrantes y las instituciones democráticas. Este expediente se ha convertido en uno de los principales instrumentos del tribunal para perseguir campañas de desinformación y amenazas contra sus magistrados.

El conflicto se intensificó cuando Mendonça decidió levantar el secreto de un informe policial elaborado a partir del teléfono de Vorcaro. El documento contiene comunicaciones que involucran a Moraes y a otros actores públicos y privados, y reveló detalles hasta entonces reservados de la investigación.

Según Moraes, su colega habría excedido las funciones de supervisión judicial y asumido atribuciones que correspondían a las autoridades policiales a cargo de la investigación. También cuestionó la forma en que Mendonça condujo las conversaciones relacionadas con una posible colaboración premiada de Vorcaro.

La acusación incluye una supuesta selección de objetivos dentro de la investigación, pues Moraes sostiene que Mendonça habría dirigido actuaciones contra personas específicas por “motivos personales y políticos”, entre ellas el propio Moraes y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre.

Moraes cuestionó la imparcialidad con la que Mendonça habría ejercido el control judicial del expediente, mencionando “indicios crecientes de sesgo” y un progresivo direccionamiento de la línea investigativa. También denunció una posible “quiebra de la cadena de custodia de las pruebas incautadas”.

Antes de llegar a la Corte, Mendonça había dirigido la Abogacía General de la Unión y ocupado el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Moraes se ha convertido en uno de los principales antagonistas judiciales del bolsonarismo. No obstante, la investigación que originó el conflicto no está vinculada directamente con la disputa electoral, sino con las sospechas surgidas en torno al Banco Master y su antiguo propietario.

El banco fue liquidado extrajudicialmente por el Banco Central en noviembre de 2025, tras detectarse irregularidades y un esquema de fraudes de gran magnitud. Vorcaro fue detenido inicialmente en noviembre de ese año cuando intentaba abandonar Brasil en un avión privado, y luego de recuperar la libertad volvió a prisión preventiva en marzo de 2026.

La investigación se amplió después de que la Policía Federal analizara el teléfono del empresario. Los investigadores hallaron comunicaciones con empresarios, abogados y funcionarios, y reconstruyeron contactos presuntamente destinados a obtener información o gestiones relacionadas con las investigaciones que afectaban al banco.

Entre los elementos examinados figura un contrato por 131 millones de reales (unos 25,5 millones de dólares) entre el Banco Master y el estudio jurídico de Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado. Según la investigación policial, Moraes habría intervenido en la modificación del documento.

Los investigadores identificaron mensajes en los que Vorcaro habría buscado ayuda o protección de otras autoridades, como el fiscal general Paulo Gonet y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. La pesquisa busca determinar el alcance de esos contactos y si existieron gestiones para influir en las investigaciones.

Uno de los elementos más controvertidos es que no se conocen todas las respuestas de Moraes a los mensajes del banquero. Según los investigadores, el magistrado utilizaba mensajes de visualización única y su teléfono no fue incautado, por lo que parte de las comunicaciones no pudo ser recuperada.

La crisis también provocó una reacción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien calificó el escándalo en términos que no se detallan en el texto original.