APUNTE.COM.DO.- Santo Domingo, Rep. Dom. - El Estado dominicano logró un fallo favorable en el arbitraje internacional instaurado por el señor Yves Martine Garnier, bajo el acuerdo de protección recíproca de inversiones firmado entre la República Dominicana y Francia el 14 de enero de 1999. El laudo, dictado el 19 de agosto de 2026, rechazó todas las pretensiones del demandante, que superaban los 100 millones de dólares, equivalentes a más de 5,882 millones de pesos dominicanos.

El proceso se inició el 4 de octubre de 2021, conforme al artículo 7 del acuerdo bilateral, y fue administrado por la Corte Permanente de Arbitraje con el número de caso 2022-01. La disputa se originó por la terminación del contrato de concesión para la gestión y recolección de residuos sólidos, firmado entre la empresa EGTT Dominicana, S.A., propiedad del demandante, y el Ayuntamiento del municipio Santo Domingo Este.

El tribunal determinó que la finalización del contrato fue legítima según la legislación dominicana, dado los incumplimientos de EGTT Dominicana en el servicio prestado. Así mismo, consideró que las alegaciones del demandante no alcanzaban el nivel necesario para configurar una violación de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado dominicano.

‘La defensa del Estado no es únicamente la defensa del erario: es la defensa de la seriedad con la que este país honra sus compromisos. La República Dominicana cumple sus obligaciones frente a los inversionistas extranjeros y, precisamente por ello, sostiene con firmeza sus posiciones cuando una reclamación carece de fundamento’, expresó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón.

La defensa del país estuvo coordinada originalmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) junto al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a los que luego se sumó el Ministerio de Justicia. Esta última entidad, conforme a la Ley 80-25, asumirá la representación del Estado en los arbitrajes de inversión. El equipo contó con la asistencia de la firma internacional Foley Hoag LLP, desde su oficina en Washington D.C.

Este resultado se enmarca en la política de defensa activa del Estado dominicano en materia de arbitraje de inversión, enfocada en proteger los recursos públicos y mantener un clima de seguridad jurídica que favorezca la inversión extranjera.