APUNTE.COM.DO.- Santo Domingo. - Tras el decreto 615-26 del presidente Luis Abinader contra delitos ambientales, en el Congreso Nacional reposan varias iniciativas que buscan sancionar daños al medioambiente, aunque muchas caducan por falta de aprobación.
Solo la diputada de Fuerza del Pueblo (FP) Llaneris Espinal ha presentado cuatro piezas legislativas, orientadas a tipificar el ecocidio, reforzar la protección ambiental, impulsar ciudades verdes y resguardar las cordilleras Central y Septentrional de la minería metálica.
La legisladora lamentó que estos marcos legales perezcan al no ser sancionados, por lo que se ha visto en la obligación de reintroducirlos.
Una de sus iniciativas es el proyecto que tipifica el ecocidio, con penas de hasta 20 años de prisión y medidas para prevenir y reparar daños ambientales graves, el cual fue reintroducido el 18 de marzo en la Cámara Baja.
Según el artículo 10 de la propuesta, quien cause daño grave, extenso o duradero al medioambiente, biodiversidad, ecosistemas o recursos naturales del país será sancionado con prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de responsabilidades civiles o ambientales.
El artículo 11 establece que quien contravenga reglamentos, ordenanzas, permisos o tratados internacionales ratificados, a sabiendas de la probabilidad de daño grave y este no se haya verificado por causas ajenas a su voluntad, recibirá de 5 a 10 años de cárcel.
La iniciativa también dispone que toda obra pública o privada con posible impacto ambiental grave debe contar con estudio de evaluación de impacto, sin excepciones.
Se contemplan agravantes para aplicar la pena máxima cuando participe un funcionario público, el delito ocurra en áreas protegidas, sea irreversible, provoque muertes o lesiones graves, afecte medios de vida de comunidades o dañe la salud o seguridad alimentaria, o se cometa deliberadamente.
Otra propuesta reintroducida es el “proyecto de ley de ciudades verdes, sostenibles y resilientes: fomento, protección y conservación del arbolado urbano y las áreas verdes”.
Busca aumentar, cuidar y proteger árboles y espacios verdes urbanos, garantizar el derecho a un ambiente sano y promover desarrollo sostenible, con multas de 20 a 100 salarios mínimos, arresto administrativo hasta 48 horas, trabajo comunitario y obligación de reparar el daño; si el infractor no lo hace, el ayuntamiento podría ejecutar la reparación y cobrarle los gastos.
Las otras dos iniciativas buscan proteger las cordilleras Central y Septentrional. Una declara la Septentrional como territorio libre de minería metálica y protege sus cuencas; la otra declara la Cordillera Central como territorio de seguridad nacional y soberanía ecológica, excluyendo la minería metálica y disponiendo la renaturalización de ríos y cuencas.
Según el trámite legislativo, todo proyecto tiene dos legislaturas ordinarias para ser aprobado; si no se convierte en ley en ese periodo, perime y debe reintroducirse desde cero.
