APUNTE.COM.DO.- La Asociación Nacional de Comerciantes Dominicanos Unidos (Ancodomu) demandó al Gobierno la creación de un organismo interinstitucional que analice el impacto económico, social y legal de la expansión de los comercios chinos en República Dominicana y proponga soluciones para proteger al comercio y al aparato productivo nacional.
En un comunicado emitido tras una serie de publicaciones sobre el crecimiento y la transformación del comercio chino en el país, la organización señaló que en los últimos años comerciantes de origen chino han instalado grandes establecimientos en diversas ciudades y pueblos dominicanos, algunos con superficies de hasta 30,000 metros cuadrados.
Ancodomu afirmó que esa expansión ha provocado un desplazamiento masivo del comercio dominicano, atribuyéndolo a prácticas que considera de competencia desleal, como la venta de mercancías al detalle por debajo de los costos de importación de los comerciantes locales, la evasión fiscal y la contratación de trabajadores extranjeros en situación migratoria irregular, con salarios que, según la asociación, no incluyen los beneficios establecidos por la ley.
La organización sostiene que los precios de esos establecimientos dificultan la competencia incluso para los comerciantes dominicanos que importan desde China. “Es imposible competir con ellos”, planteó la entidad, atribuyendo la diferencia a las facilidades que reciben esos negocios y a los bajos salarios pagados a trabajadores extranjeros, especialmente haitianos.
Ante esa situación, la asociación apeló al presidente Luis Abinader para que impulse la creación de un organismo donde participen representantes del Congreso, el poder municipal, la Corte Constitucional, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Interior y Policía, así como organizaciones comerciales y empresariales.
El objetivo sería analizar “rigurosamente” la situación y evaluar el impacto económico, social y legal de los acuerdos firmados entre República Dominicana y la República Popular China, según explicó Ancodomu.
La entidad también planteó que ese organismo proponga y ejecute soluciones que respondan al interés nacional, garanticen el cumplimiento del derecho y protejan el aparato productivo local.
En su comunicado, Ancodomu hizo referencia a informaciones publicadas en medios extranjeros sobre otros posibles ilícitos relacionados con inversiones de capital chino en el país, y sostuvo que el comercio nacional no recibe respaldo suficiente de las autoridades para enfrentar la llegada de inversiones extranjeras en actividades similares a las que desarrollan históricamente los empresarios dominicanos.
La asociación considera que las prácticas denunciadas y la política de precios de esos establecimientos han provocado el desplazamiento del comercio local y afectaciones a industrias y fábricas del país.
Para la entidad, la discusión no debe limitarse a la presencia de comercios chinos, sino abarcar las condiciones de operación de las empresas extranjeras, el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales, y el efecto de esas actividades sobre los negocios y la producción nacional.
Ancodomu concluyó reclamando una respuesta institucional que preserve el equilibrio económico y social de República Dominicana y garantice condiciones de competencia para los comerciantes criollos.
