APUNTE.COM.DO.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró este jueves que el Gobierno no ha logrado desarrollar todas las alianzas público-privadas que desea, debido al tiempo que tardan los procesos entre las partes, por los plazos establecidos en la Ley 47-20 que regula las Alianzas Público-Privadas (APP).
Por esa razón, el Poder Ejecutivo considera necesaria la modificación del marco legislativo para garantizar agilidad en los procesos. Paliza se dirigió esta tarde al Senado de la República, donde formalizó el depósito de una pieza que modificaría varios artículos de esa ley.
El funcionario estuvo acompañado del director general de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Rizik, quien indicó que la principal intención de la propuesta es eficientizar la realización de los diversos proyectos de infraestructura.
Según el documento entregado, el Poder Ejecutivo pretende instituir un Fondo Especializado que financie estudios, consultorías y trabajos técnicos. Su finalidad es mejorar la calidad de los proyectos y reducir el riesgo de iniciativas mal preparadas. La iniciativa permitirá que los riesgos sean asignados a la parte que mejor pueda administrarlos, exige cuidar la capacidad fiscal del Estado y evitaría compromisos que afecten la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El proyecto propone también asegurar que las iniciativas se originen en entidades públicas y privadas, incorporando un nuevo modelo que amplía las vías para identificar proyectos de infraestructura y servicios de interés social.
Paliza indicó que el Gobierno identificó esta debilidad al hacer un análisis en una de las mesas integrales de la Estrategia Nacional Meta RD 2036, que busca duplicar el tamaño de la economía nacional. Precisó que esta modernización legislativa permitiría al Poder Ejecutivo continuar trabajando para lograr ese objetivo.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, indicó que el documento será enviado durante la próxima sesión a una comisión para su estudio. Aunque no garantizó que será aprobado antes del 12 de enero, manifestó su intención de que sea conocido con prontitud.
La iniciativa provocará la plena derogación de la Ley 47-20, utilizada desde hace seis años para la operación de acuerdos entre el Gobierno y el sector empresarial para obras y otras iniciativas, como el Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales, en Cabo Rojo, que contempla un aeropuerto, puerto y otras propuestas turísticas.
