APUNTE.COM.DO.- La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por la defensa de Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, quien solicitaba la variación de la prisión preventiva que se le impuso en el marco de la Operación Pandora.
Con esta decisión, se mantiene vigente la medida de coerción que pesa sobre Féliz Romero desde el inicio del proceso penal, originado en noviembre de 2024, cuando se desmanteló la red criminal que sustrajo miles de proyectiles de la institución policial.
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por los fiscales Melbin Romero y Rosa Ysabel, solicitó la inadmisibilidad del recurso argumentando que carecía de objeto, pues el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene pendiente una solicitud con los mismos fines, cuya decisión está programada para el 9 de septiembre de 2026, fecha en que también se resolverá sobre el envío a juicio del acusado.
“La corte acogió el pedimento del Ministerio Público, rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Narciso Antonio Féliz Romero y se declaró inadmisible, de forma tal que este acusado continuará en prisión preventiva”, expresó el fiscal Melbin Romero a los medios al concluir la audiencia.
El caso forma parte de la Operación Pandora, que investiga un entramado de corrupción que habría defraudado al Estado con más de 92 millones de pesos, mediante la sustracción de municiones y pertrechos que estaban bajo custodia de la Intendencia de Armas durante la gestión del coronel Féliz Romero.
El expediente también involucra al capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la Policía al momento del desmantelamiento de la organización, y que también cumple prisión preventiva.
Otros procesados son Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez y Morelbin Medina Pérez, quienes tienen distintas medidas de coerción.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a 11 personas físicas por la sustracción y venta ilícita de armas, municiones y explosivos de la institución.
Según el expediente, los acusados participaron directamente en maniobras para distraer bienes de la Policía Nacional y comercializarlos ilegalmente, obteniendo beneficios económicos en detrimento del Estado dominicano.
El grupo enfrenta cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, en violación de varios artículos del Código Penal dominicano, así como por violar la Ley 631-16 sobre Armas y por legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.
