APUNTE.COM.DO.- Santo Domingo.- El Consejo del Poder Judicial emitió un comunicado en el que precisa que los movimientos cuestionados por las juezas Natividad Ramona Santos, Wendy Altagracia Valdez y Pilar Antonia Rufino Díaz no son traslados, sino "reasignaciones" dentro de la misma Cámara y Jurisdicción.
Según la explicación, el traslado implica el cambio de un juez o jueza de un tribunal a otro, mientras que las medidas adoptadas mediante la resolución corresponden a reasignaciones en un mismo tribunal. "En consecuencia, los jueces y juezas involucrados permanecen dentro de la misma Cámara, jurisdicción, especialidad y categoría judicial, sin ser destinados a órganos jurisdiccionales diferentes ni a materias distintas de aquellas en las que actualmente ejercen sus funciones", señala la nota, que indica que la diferencia entre ambos movimientos está contemplada en la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial.
Los movimientos, dispuestos en la resolución núm. CPJ-2026-RECA-014, buscan fortalecer el equilibrio en la distribución de la experiencia jurisdiccional como consecuencia de recientes ascensos y cambios de jerarquía en distintos órganos judiciales.
"Estas medidas corresponden a una reconformación interna de salas en determinados órganos colegiados. Para su valoración fueron tomadas en cuenta las necesidades del servicio y la distribución del trabajo, las cuales aportaron elementos relevantes sobre la conformación más adecuada para garantizar el buen funcionamiento de los tribunales", aclara el Consejo.
Además, el Consejo indicó que los movimientos no han adquirido un carácter definitivo, por lo que permanecen abiertos los plazos legales para la interposición y conocimiento de los recursos de reconsideración, conforme al debido proceso administrativo.
"En ese sentido, resulta importante distinguir ambas figuras jurídicas, evitando atribuir a las decisiones adoptadas un alcance distinto al que realmente tienen. La correcta comprensión de estos procesos fortalece la transparencia institucional y contribuye a que el debate público se desarrolle sobre la base de información precisa, completa y contextualizada", manifiestan.
Los movimientos objetados incluyen el paso de la magistrada Natividad Ramona Santos de la Tercera a la Segunda Sala; de la jueza Wendy Altagracia Valdez de la Segunda a la Tercera Sala; y de la magistrada Pilar Antonia Rufino Díaz de la Primera a la Tercera Sala de dicha corte.
En su reclamo, las juezas sostienen que las reubicaciones fueron decididas sin ser consultadas y sin otorgar su consentimiento, lo que consideran una actuación "arbitraria, ilegal y de retaliación". "Nunca hemos solicitado traslado, ni se ha consultado o pedido nuestra anuencia para ello, lo cual convierte dichos traslados en un acto de arbitrariedad, ilegalidad y retaliación en nuestra contra", indica el documento dirigido a Luis Henry Molina, quien preside tanto la Suprema Corte de Justicia como el Consejo del Poder Judicial.
