APUNTE.COM.DO.- El Ministerio de Trabajo se pronunció sobre la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de cancelar los contratos de concesión minera entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana (Falcondo), indicando que ese aspecto no es de su competencia, aunque respeta las decisiones de ese órgano y las atribuciones de las instituciones responsables de la regulación minera.
Su intervención se centra en los trabajadores, quienes esperan el pago de sus prestaciones. Afirman que el pasado 2 de marzo la empresa les entregó una carta de despido con la promesa de que en diez días laborables recibirían sus prestaciones, pero hasta la fecha siguen en espera.
“La situación de la concesión minera corresponde a otras autoridades y a los tribunales, pero la protección de los derechos laborales de los trabajadores de Falcondo sí constituye una prioridad del Ministerio de Trabajo”, respondió el titular de la entidad, Eddy Olivares.
Víctor Antonio Rodríguez Fermín, miembro de la directiva sindical de los trabajadores, manifestó que la deuda de la empresa con los empleados asciende a 350 millones de pesos, y que la mayoría lleva entre 10, 20 y 30 años de servicio.
Olivares garantizó que vigila el proceso para que los trabajadores reciban sus prestaciones. “El Ministerio de Trabajo ha acompañado este proceso durante varios años, procurando que los trabajadores reciban sus prestaciones laborales y los demás derechos derivados de la terminación de sus contratos”, detalló.
Como resultado, 1,010 trabajadores, de los cuales 677 pertenecían al sindicato, fueron desvinculados y recibieron sus beneficios, mientras que se buscó solución para 80 trabajadores, incluidos directivos del sindicato, que decidieron permanecer en la empresa.
El Ministerio continúa asistiendo a los trabajadores a través de la Dirección de Asistencia Judicial, que representó a 55 trabajadores; de ellos, 46 siguen representados y tienen sus procesos en estado de fallo.
En cuanto al proceso de reestructuración mercantil, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) solicitó el 30 de julio de 2026 un mecanismo para el pago de acreencias laborales cesantes mediante la subrogación del Estado en los derechos y acciones correspondientes, y su incorporación a la lista de acreedores.
“De ser aprobada esta solicitud por el tribunal competente, el Estado dominicano, que ya había asumido el pago de la mayor parte de las prestaciones, lo completaría en los términos legales, quedando subrogado en los derechos y acciones frente a la empresa”, reveló Olivares.
La prioridad es garantizar que los 76 trabajadores que aún están vinculados a la empresa no queden desprotegidos y que sus derechos sean reconocidos conforme a la Constitución, el Código de Trabajo y la legislación sobre reestructuración.
El Ministerio reiteró que seguirá orientando a los trabajadores mediante servicios de asistencia judicial, conciliación y mediación, y colaborando para que las acreencias laborales sean reconocidas y atendidas.
