APUNTE.COM.DO.- A menos de 50 días para la primera vuelta electoral, la campaña presidencial en Brasil parece tener dos nuevos polos cuyos nombres no estarán en las urnas, pero que igualmente dividen a la mayoría del electorado entre partidarios y críticos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) y del principal candidato de la oposición, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal).
Por un lado, el hijo del actual mandatario se ha convertido en blanco de tres investigaciones y, con ello, vuelve a aparecer un espectro que ya ha perseguido otras campañas electorales en el pasado. Primogénito de Lula, Fábio Luís Lula da Silva es conocido como Lulinha, y sus relaciones con una lobista y un empresario preso por vínculos con fraudes en jubilaciones y pensiones se han convertido en un plato lleno para que los opositores del PT vuelvan a asociar al partido con esquemas de corrupción.
En contrapartida, desde hace meses otra figura amenaza con enredar el juego electoral a través de una negociación inconclusa que puede exponer esquemas ilegales de financiamiento político y lavado de dinero. Se trata del exbanquero Daniel Vorcaro, cuyos mensajes de celular con personalidades públicas incluyen al propio Flávio Bolsonaro, en pedidos de millones de reales para financiar una biopic del padre, el expresidente Jair Bolsonaro, llamada Dark Horse.
Cada uno de estos casos tiene dinámica propia, pero los mismos actores institucionales dosifican el ritmo de las investigaciones y de la información que termina saliendo a la luz cerca de las semanas decisivas de la primera vuelta: la Policía Federal (PF), la Procuraduría General de la República (PGR) y, principalmente, el Supremo Tribunal Federal (STF).
Tres investigaciones en una semana: Entre el 30 de julio y el 4 de agosto, el STF autorizó tres investigaciones sobre Lulinha, todas bajo sospecha de tráfico de influencias. Las dos primeras tienen como relator al ministro André Mendonça. Estos casos tratan de la supuesta actuación del hijo de Lula ante el Ministerio de Salud en favor de negocios con cannabis medicinal y de contratos de una empresa estatal que procesa datos de jubilaciones y pensiones.
La Policía Federal investiga la relación de Lulinha con un empresario, Antônio Carlos Camilo Antunes, apodado "Careca do INSS" (el Calvo del INSS, sigla del instituto de la seguridad social) y señalado como operador del esquema de descuentos indebidos en jubilaciones y pensiones pagadas por la Seguridad Social a millones de brasileños. Él se habría acercado al hijo del presidente a través de una lobista, Roberta Luchsinger, amiga personal de Lulinha y figura clave en el potencial de daño que los casos pueden representar en la campaña de reelección de Lula.
Una nueva cuestión sobre estos casos, recién conocida por el público, es que la Procuraduría General evalúa que estas investigaciones deberían estar bajo la responsabilidad de la primera instancia judicial, y no de la Corte Suprema. La tendencia es que Mendonça discrepe y mantenga los casos bajo su relatoría.
La tercera investigación autorizada por el STF es
