APUNTE.COM.DO.- El nuevo Código Penal dominicano introduce en su artículo 8 un cambio trascendental al establecer, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta medida obliga al sector privado a supervisar estrictamente el comportamiento de su personal, asegurando que las compañías asuman las consecuencias legales por ilícitos internos, lo que transforma la cultura operativa nacional.
Para analizar esta normativa, el abogado especialista en derecho corporativo Eduardo Tavárez Guerrero, en una entrevista exclusiva con El Día, explicó que la legislación eliminó el concepto dogmático de delincuente para las organizaciones, precisando que en el ámbito corporativo este término "debe sustituirse por infractor", consolidando un moderno modelo de justicia.
El experto detalló que las corporaciones debían adecuarse normativamente tras un plazo de gracia que culminará el próximo 05 de noviembre, señalando que en la actualidad todas las organizaciones, sin importar su volumen de facturación, "tendrán la obligación de estar al día con todos sus programas de cumplimiento", previniendo así responder patrimonialmente por las omisiones de colaboradores.
En cuanto a las sanciones económicas, el jurista indicó que los entes comerciales que no cumplan con las regulaciones internas y auditorías de riesgo enfrentarán "multas que van desde 100 salarios mínimos hasta 1,500 salarios mínimos", sumándose inhabilitaciones estatales.
En los escenarios jurídicos de extrema gravedad provocados por delitos severos, la legislación contempla el cese total de las operaciones comerciales. Tavárez Guerrero precisó que el máximo castigo aplicable por los tribunales llegará "hasta lo que se denomina la muerte corporativa", marcando un hito sin precedentes en el derecho empresarial dominicano.
Para mitigar estas sanciones, la normativa exige que los dueños implementen controles preventivos eficaces. El especialista afirmó que las entidades "tienen atenuación a la pena" si logran demostrar ante los tribunales la existencia de canales éticos anónimos y protocolos de denuncia frente a fraudes o extorsiones dentro de su empresa.
La nueva legislación se fundamenta en la autorregulación comercial, obligando a los inversionistas a actuar bajo el principio de la buena fe para evidenciar su rectitud procesal. El abogado dijo que los dueños deberán demostrar judicialmente "que usted hizo lo adecuado" para evitar cualquier tipo de actuación ilícita en sus operaciones diarias.
Estas reglas también impactan a las pequeñas empresas. El especialista definió esta situación como "una carga económica más" que obligará a reestructurar la manera en que se administran los negocios familiares.
Para resolver la carencia de personal especializado en los negocios de menor tamaño, la ley establece que en las micro y pequeñas empresas "quien debe cumplir es el propio gerente", asumiendo la función de oficial de cumplimiento normativo.
Sin embargo, esta concentración de responsabilidades genera un riesgo si el ejecutivo actúa de forma fraudulenta. La ley también prevé que las compañías pueden salvarse si comprueban ante la justicia que la administración "despide y se querella al gerente involucrado", garantizando que ningún fraude corporativo quede protegido legalmente.
