APUNTE.COM.DO.- El grupo de derechos humanos Corporate Accountability Lab pidió al gobierno de Estados Unidos restablecer la prohibición de importaciones de azúcar y otros productos de República Dominicana, debido al trabajo forzoso en las plantaciones de caña del país caribeño.
La organización sin fines de lucro informó que dedicó más de tres años a investigar las condiciones laborales en las plantaciones propiedad de Central Romana Corporation, Ltd., la mayor empleadora y terrateniente del país. Según el informe, los dueños de la empresa tienen vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.
Central Romana fue investigada previamente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que la acusó de aislar a los trabajadores, retener salarios, fomentar condiciones abusivas de trabajo y vivienda, e instar a realizar horas extras excesivas. En 2022, EE. UU. impuso una prohibición a las importaciones de azúcar y derivados de la empresa, pero la medida fue revocada el año pasado bajo la administración Trump.
Uno de los propietarios de Central Romana es Fanjul Corp., con sede en Florida, dueña también de Florida Crystals. La familia Fanjul mantiene estrechos vínculos con Trump y el gobierno dominicano, según el informe.
El grupo de derechos humanos señaló: «Mientras la industria azucarera y otros intereses bien posicionados disfruten de los beneficios de dicho acceso al mercado, ignorando al mismo tiempo los abusos contra los derechos laborales en sus cadenas de suministro, la política estadounidense seguirá siendo cómplice del mismo tipo de abusos que dice combatir».
Organizaciones locales estiman que hasta 8,000 trabajadores laboran en los campos de caña de la empresa, que abarcan más de 173,700 acres. Desde hace tiempo se quejan de falta de salarios y de verse obligados a vivir en viviendas precarias que a menudo carecen de agua o electricidad, como han comprobado periodistas de Associated Press. Muchos son migrantes haitianos o descendientes de haitianos que, pese a haber nacido en República Dominicana, no tienen ciudadanía.
El informe citó a un trabajador no identificado que dijo no tener documentos para conseguir otro empleo: «¿Por qué nos quedaríamos? De esta forma, somos sus esclavos».
Corporate Accountability Lab instó a Central Romana a inscribir a sus trabajadores en el sistema de seguridad social, pagarles al menos el salario mínimo diario, permitirles afiliarse a un sindicato independiente y proteger su salud, entre otras medidas.
Un trabajador, cuya identidad no fue revelada, declaró que los empleados de la empresa asignan los puestos y deciden cuánto se le debe a cada persona: «Siempre nos pagan menos de lo que nos corresponde, pero no podemos luchar para que nos paguen lo justo porque no tenemos ese poder».
La organización afirmó que un «clima de miedo… impregna la industria» e hizo un llamado a los consumidores de azúcar para que se adhieran a un código de conducta propuesto que sería desarrollado por los trabajadores.
«Quiero quejarme todas las semanas, pero como todo el mundo tiene tanto miedo, nadie me apoya», declaró otro trabajador no identificado. Estos temores quedaron reflejados en un estudio reciente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que también describió las condiciones de vida en las plantaciones como «inhumanas» y «abusivas».
El informe incluyó comentarios de Central Romana Corporation, que afirmó que el documento está «plagado de imprecisiones y falsedades» y que la empresa no ha violado las leyes locales ni las normas laborales internacionales. La empresa no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios adicionales.
Corporate Accountability Lab hizo un llamado al gobierno dominicano para que regularice la situación migratoria de todos los reclutados para trabajar en los campos de caña, pague las pensiones adeudadas y haga cumplir las leyes laborales y ambientales. La organización constató que dos tipos de trabajadores son los más vulnerables: los ancianos cortadores de caña que no han recibido sus prestaciones de jubilación y los apátridas.
«Los gobiernos de todos los países deberían prohibir la importación de azúcar y productos a base de azúcar elaborados con trabajo forzoso en la República Dominicana», declaró la organización.
