APUNTE.COM.DO.- Una revisión de los registros de contrataciones públicas y de las declaraciones juradas de patrimonio de varios legisladores revela que al menos cuatro congresistas tienen vínculos con empresas que han obtenido contratos con el Estado, en algunos casos después de asumir sus cargos.

Uno de los casos más relevantes es el del senador por Barahona, Moisés Ayala Pérez, accionista de Eco Petróleo Dominicana, S.A. Esta empresa recibió su primer contrato estatal el 15 de agosto de 2018, cuando el Ministerio de Medio Ambiente le adjudicó la compra de tickets de combustible por RD$2,207,000, según consta en el portal de Contrataciones Públicas con el código MIMARENA-CCC-PE15-2018-0184.

Posteriormente, el 16 de agosto de 2020, Ayala Pérez se convirtió en diputado por Barahona por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y cinco meses después, el 28 de enero de 2021, el Ejército de la República Dominicana le adjudicó a Eco Petróleo un contrato de combustible a granel y tickets por RD$17,570,647. A partir de entonces, la empresa incrementó notoriamente su participación en los procesos de compras del Estado.

Actualmente, Ayala es senador, y en su segunda declaración jurada consigna 65,000 acciones de Eco Petróleo Dominicana, adquiridas en 2010 y 2013 por un valor cercano a los RD$6.5 millones, lo que aparentemente representa menos del 10% del capital social de la empresa.

Una revisión del expediente del proveedor RPE 60473 en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) muestra al menos 386 contratos por un monto aproximado de RD$1,902,641,132, adjudicados por distintas instituciones públicas, todos posteriores a enero de 2021.

Otro caso es el de la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, cuya declaración jurada de patrimonio al ratificarse como senadora el 16 de agosto de 2024 incluye su participación en la empresa “Turinotv, SRL”. Allí se registran 94 acciones a su nombre y 900 a nombre de su esposo, inversiones realizadas el 20 de marzo de 1990. Sin embargo, en sus declaraciones juradas de 2016 y 2020 esta empresa no aparece. Turinotv fue suspendida por la DGCP recientemente ante la promulgación de la nueva Ley 47-25, pero antes logró al menos tres contratos de publicidad estatal por un total de RD$535 mil, otorgados por el Ministerio de Turismo y la Dirección de Prensa del Presidente.

El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, es accionista de la empresa “Asetran, SRL”, que obtuvo varios contratos con instituciones públicas durante su primer período legislativo (2020-2024). Al menos ocho contratos por un total de RD$793,099 fueron adjudicados por entidades como la Dirección General de Pasaportes, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, el Programa Supérate, el Servicio Geológico Nacional y los Institutos del Café y de Administración Pública. También aparece como accionista de “Comercial La Sidra, SRL”, suspendida, aunque esta solo recibió dos contratos cuando Marte aún no era legislador.

El senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, también ha estado vinculado a empresas contratistas del Estado. En noviembre de 2021, la DGCP informó que las empresas Dronena, S.A. y Victoria Yeb, S.A. fueron beneficiadas con catorce contratos por RD$1,720,375.08 después de su toma de posesión el 16 de agosto de 2020, lo que motivó su suspensión. Días antes, Victoria Yeb había dicho en el Senado que renunciaría si alguna de sus empresas resultaba adjudicada luego de ser senador, pero no cumplió su promesa.

Además, la empresa Cristalia Dominicana, SRL, de la que fue accionista y representante hasta mayo de 2020, obtuvo 118 procesos por más de RD$472 millones. Recientemente, la Constructora 059041, SRL, cuyo registro fue suspendido, también aparece vinculada a Victoria Yeb, ahora como gerente.

Estos casos se explican por la existencia de un vacío legal en la antigua Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, que en su artículo 14, numeral 6, excluía de contratar con el Estado a las personas jurídicas en las que funcionarios como senadores, diputados, presidentes, ministros, magistrados, síndicos o regidores tuvieran una participación superior al diez por ciento del capital social. Por debajo de ese tope, la ley permitía la contratación, situación que estuvo vigente desde el 18 de agosto de 2006.