APUNTE.COM.DO.- Durante casi dos décadas, los funcionarios de primer nivel del Estado dominicano tuvieron una vía para hacer negocios con el sector público, pese a que la antigua ley de compras y contrataciones lo prohibía en términos generales. Una disposición específica de esa norma habilitaba a ministros, cónsules, legisladores y otros cargos a obtener contratos.
En los seis años de gobierno de Luis Abinader, cerca de diez funcionarios cuyos registros de proveedores fueron suspendidos recientemente por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) acumularon al menos RD$60 millones en contratos con el Estado, amparados en el tope que fijaba la legislación anterior y que el propio órgano rector no podía impugnar.
Una investigación de este medio, basada en registros oficiales y declaraciones juradas, reveló los nombres de los funcionarios y las empresas suspendidas vinculadas a ellos.
La funcionaria con mayores ingresos es Tomasina Pascual Fanit, designada el 16 de agosto de 2020 mediante el decreto 330-20 como viceministra de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Solo cuatro meses y medio después, el 30 de diciembre de 2020, el Ministerio de Agricultura adjudicó a Mucar, SRL la remodelación del Departamento de Economía Agropecuaria por RD$1,999,809.
Según la DGCP y su declaración jurada, Tomasina es accionista de esa empresa, que figura a nombre de su hija, actual empleada de la Dirección General de Bienes Nacionales.
El 23 de enero de 2023, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial adjudicó a Mucar, SRL la construcción y reconstrucción de obras deportivas, comunitarias y eclesiásticas en todo el país, por RD$18,791,249.
El 8 de diciembre de 2025, el Ministerio de Deportes le otorgó la reconstrucción de instalaciones deportivas en La Vega, Peravia, Bonao y el Gran Santo Domingo por RD$32,879,852, en un proceso dirigido a mipymes.
Esos tres contratos, todos posteriores a la juramentación de la viceministra, suman RD$53,670,910 y son los únicos que Mucar, SRL registra en el portal de compras públicas.
En segundo lugar aparece Gloria Claritza Guevara Arboleda, actual cónsul general en Valencia, España, quien antes fue viceministra del Ministerio de Educación desde 2020.
La empresa vinculada a Gloria es Funeraria Jerusalén, SRL, que aparece en su declaración jurada y es gestionada por uno de sus descendientes.
El primer contrato de esa empresa fue el 10 de agosto de 2022, cuando el Ministerio de Salud Pública la contrató para un servicio de alquiler de funeraria. Menos de un mes después, el 5 de septiembre, la Autoridad Portuaria Dominicana repitió el mismo tipo de contratación.
En diciembre de 2022, Salud Pública volvió a requerir sus servicios, esta vez para la conservación y cuidado de cadáveres en el Instituto de Patología Forense. Todos los contratos fueron en 2022 y sumaron RD$4,068,000.
En la lista figura también Milton Morrison, quien ha sido gerente general de Edesur Dominicana y director general del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) desde los inicios del actual gobierno.
Morrison aparece como accionista de Morrison & Morrison Ingenieros Asociados, SRL, empresa dirigida por un familiar y que figura entre las suspendidas para contratar con el Estado.
Mientras estuvo vigente la antigua ley, la empresa de Morrison obtuvo dos contratos por más de RD$3 millones, ambos adjudicados por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie). El primero, en 2021, fue para la renovación y actualización de licenciamiento de software especializado; el segundo, tres meses después, para la adquisición de nuevas licencias de software para cálculo y análisis estructural.
La empresa ya figura con estatus suspendido en la plataforma de la DGCP, al igual que otras vinculadas a declaraciones juradas de Morrison.
Con montos superiores al millón de pesos, aparece la empresa Aracena y Ramos, SRL, vinculada al embajador dominicano en Colombia, Félix Aracena Vargas. En su declaración jurada no se registran acciones en esa empresa, pero su hermano funge como gerente.
Esa empresa obtuvo un contrato con el Ministerio de Cultura el 25 de septiembre de 2025 para la adquisición de puertas y ventanas para la escuela de Bellas Artes de Puerto Plata, por RD$1,379,000.
El caso de Maximiliana Manzueta Morel es distinto. La empresa vinculada, Entre Tres, SRL, registra en la DGCP su propio nombre como contacto.
Maximiliana se desempeña en el sector público desde 2021. Ese año fue gerente en Edesur y desde 2024 es directora de la Escuela Nacional de Educación Vial del Intrant.
Durante su gestión en el Intrant, el Ministerio de Turismo le adjudicó tres contratos para publicidad en medios de comunicación, cada uno con montos que no fueron detallados en este informe.
