APUNTE.COM.DO.- La Policía Nacional dominicana reconoció este viernes que su lista oficial de prófugos puede incluir a personas que han fallecido, han sido capturadas o cuyos procesos judiciales han avanzado. La institución señaló que la desactualización se debe a una desconexión entre los operativos policiales y la actualización del registro público.
De acuerdo con la explicación ofrecida a Diario Libre, el retiro de una persona de la galería de buscados no ocurre de forma automática cuando cambia su situación. Requiere que las áreas responsables envíen la documentación o soliciten formalmente la baja. Incluso cuando el ciudadano llega a acuerdos económicos o cumple su condena, la orden de arresto puede continuar vigente si el Ministerio Público, el Poder Judicial o los abogados defensores no notifican formalmente el cierre del caso a la Policía.
El organismo precisó que, aunque un agente reporte que un individuo cayó abatido en un presunto enfrentamiento, como en el caso de Jhon Brandol Bidó Pérez, muerto en noviembre de 2025 y cuyo perfil permanece activo en la web desde marzo de ese año, puede seguir apareciendo si el área encargada del registro no recibe una solicitud formal o una “nota de cancelación” por parte del departamento que emitió la búsqueda.
En algunos casos también es necesaria la validación de identidad con la Junta Central Electoral (JCE) para verificar si una cédula ha sido cancelada. Actualmente, el sistema depende en gran medida de que este documento figure como inactivo en los listados mensuales para proceder con la remoción del prófugo.
La Policía Nacional maneja una base de datos de unas 90,000 personas con órdenes de captura, de las cuales aproximadamente 60,000 se encuentran activas. Esto implica que existe un conjunto de registros que permanecen en la base, pero que no corresponden necesariamente a ciudadanos bajo persecución activa.
Tras los hallazgos de este medio, la Policía reconoció la necesidad de avanzar hacia una mayor interoperabilidad de los sistemas para que las informaciones sobre fallecimientos, capturas y cambios en la situación judicial lleguen de manera más directa al registro que alimenta la galería pública.
El organismo admitió la urgencia de establecer un canal rápido para que las unidades operativas reporten de inmediato la muerte o captura de los buscados. Así, el perfil entraría en un estatus preliminar para ser retirado provisionalmente de la web y de las alertas públicas hasta que llegue la documentación legal definitiva.
De esta manera, la ciudadanía no recibiría como vigente una búsqueda cuya situación ya está siendo revisada. Asimismo, se contempla lograr una mejor sincronización para que, cuando un ciudadano resuelva su caso mediante acuerdos, pagos o cumplimiento de condenas, la institución sea notificada formalmente y se proceda al retiro definitivo de la orden de arresto.
