APUNTE.COM.DO.- El Gobierno dominicano solicitó a Cuba el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares, pero decidió mantener bajo reserva las razones que llevaron a adoptar una medida de esa magnitud y adelantó que no ofrecerá explicaciones adicionales sobre el caso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) confirmó este jueves la decisión mediante un escueto comunicado de tres párrafos, en el que concedió un plazo de siete días para la salida de los integrantes de la representación cubana.

La Cancillería no reveló los nombres de los nueve miembros afectados, sus rangos dentro de la Embajada de Cuba, las funciones que desempeñaban ni cuál conducta, incidente o circunstancia motivó que el Gobierno solicitara su retiro.

Tampoco indicó si la decisión responde a un episodio específico ocurrido en República Dominicana, a algún señalamiento contra los funcionarios o a un asunto estrictamente relacionado con las relaciones bilaterales.

“Al tratarse de comunicaciones diplomáticas, informamos que no se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema”, estableció el Mirex.

El comunicado publicado posteriormente en el portal oficial de la Cancillería mantiene exactamente esa línea: confirma la salida de los nueve miembros y sus familiares, pero no aporta ninguna causa concreta.

Gobierno apela a la “discreción”

La explicación pública ofrecida por el Gobierno se limita a señalar que la decisión está amparada por el derecho internacional y por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

“El Gobierno dominicano se acoge a la normativa vigente y seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países”, señala el documento.

Esa referencia a la discreción es particularmente relevante porque supone que, al menos públicamente, el Gobierno ha decidido no exponer los hechos que llevaron a pedir la salida de una parte de la misión cubana.

El Mirex tampoco especificó cuál disposición de la Convención de Viena está utilizando. Sin embargo, el artículo 9 de ese tratado internacional reconoce expresamente al Estado receptor la facultad de comunicar, en cualquier momento y sin estar obligado a explicar su decisión, que un integrante del personal diplomático es persona non grata o que otro miembro de una misión no resulta aceptable. En esos casos, corresponde al Estado que lo envió retirarlo o poner fin a sus funciones.

Esto significa que República Dominicana no está jurídicamente obligada por la Convención de Viena a hacer públicas las causas que sustentan una decisión de esa naturaleza.El Gobierno dominicano da plazo a nueve diplomáticos cubanos para salir de RD

Conformación de la embajada

La Embajada de la República Dominicana en Cuba cuenta con cinco funcionarios diplomáticos, encabezados por Jerjes Fleming Suriel Mota, ministro consejero y embajador extraordinario y plenipotenciario. La misión también está integrada por los consejeros Cristian Omar Sarante Rymer y José del Carmen Victoria Yeb, según el último corte de la nómina del servicio exterior publicado por el Mirex en su página web, correspondiente a junio del 2026.

Completan el personal diplomático Marisol Altagracia Difo Rodríguez y Rudy Moquete Méndez, ambos con el cargo de primer secretario.

La representación diplomática dominicana en La Habana opera bajo condiciones financieras y materiales poco habituales. Según fuentes conocedoras de su funcionamiento, las dificultades para disponer de una cuenta bancaria operativa en dólares obligan a cubrir salarios y gastos administrativos con dinero en efectivo trasladado periódicamente desde Santo Domingo por un diplomático dominicano. A ello se suman los prolongados apagones que afectan a Cuba y complican el funcionamiento cotidiano de la embajada y el consulado, ubicados en inmuebles separados en Miramar.

Las dificultades no son exclusivas de la misión dominicana. Las representaciones extranjeras acreditadas en Cuba deben desenvolverse en una economía con severa escasez de divisas, restricciones bancarias y un sistema eléctrico sometido a frecuentes interrupciones. Las sanciones estadounidenses no impiden de manera absoluta todas las operaciones financieras de terceros países con Cuba, pero el temor de numerosos bancos internacionales a exponerse a sanciones y los estrictos controles de cumplimiento dificultan las transacciones. Las embajadas con mayores recursos pueden recurrir a cuentas en el exterior, reservas de efectivo, generadores eléctricos y otros mecanismos para mantener sus operaciones.

Lo singular del caso dominicano es la dependencia del traslado físico de efectivo para sostener gastos ordinarios de la misión. La situación ilustra hasta qué punto las limitaciones financieras y energéticas de Cuba terminan repercutiendo en el funcionamiento de las propias representaciones extranjeras, incluso en las de países que, como República Dominicana, mantienen relaciones diplomáticas normales con La Habana desde su restablecimiento en 1998.