APUNTE.COM.DO.- La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) da seguimiento al proceso de evaluación de desempeño convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para los once jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia cuyo período constitucional de designación ha concluido. Este proceso, iniciado el pasado 7 de agosto y que se extenderá hasta el 23 de agosto, constituye uno de los ejercicios institucionales de mayor trascendencia para la independencia judicial, la legitimidad del Poder Judicial y el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho.
Desde su creación en 2023, la ROI ha acompañado de manera permanente los procesos de evaluación, selección y designación de integrantes de las altas cortes. Durante el proceso desarrollado entre 2025 y diciembre de ese mismo año, la Red presentó observaciones al reglamento de evaluación, propuso que las evaluaciones se realizaran mediante vistas públicas, elaboró una Guía de Entrevistas para aspirantes a jueces y juezas de las altas cortes, promovió criterios objetivos y verificables de evaluación, dio seguimiento a las entrevistas públicas y reclamó reiteradamente mayor transparencia, motivación suficiente de las decisiones y publicidad oportuna de las actuaciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
Todas estas actuaciones respondieron a un mismo propósito: fortalecer la confianza ciudadana en un proceso constitucional que resulta esencial para la independencia judicial.
Hoy comparecemos nuevamente porque entendemos que ese objetivo continúa plenamente vigente.
La evaluación de los jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia es un mecanismo constitucional concebido para fortalecer la legitimidad del sistema de justicia mediante procedimientos transparentes, objetivos y respetuosos del debido proceso y del mandato constitucional de paridad. Su éxito no depende únicamente de las decisiones finales que adopte el Consejo Nacional de la Magistratura, sino también de la confianza que genere el propio procedimiento.
El inicio de este proceso ha estado marcado por un hecho que merece una profunda reflexión institucional. Cuatro magistrados y magistradas de la Suprema Corte de Justicia, tres de carrera judicial, han decidido no someterse al proceso de evaluación constitucional: Luis Henry Molina Peña, Nancy Salcedo Fernández, Manuel Ramón Herrera Carbuccia y María Garabito Ramírez. La mayoría, profesionales relativamente jóvenes, en quienes el Estado dominicano ha invertido durante años en formación y capacitación, que han adquirido una gran experiencia. Se retiran, además, con una pensión vitalicia. Esta salida anticipada representa una pérdida significativa de capital humano institucional, en un momento en que el país necesita fortalecer, no debilitar, su judicatura.
La ROI respeta plenamente el derecho que asiste a cada juez y jueza de decidir libremente sobre la continuidad de su carrera judicial. Sin embargo, cuando varias personas que ocupan las más altas responsabilidades dentro del Poder Judicial optan por concluir anticipadamente su trayectoria, corresponde preguntarse si el sistema está ofreciendo las condiciones necesarias para fortalecer la confianza en el mecanismo constitucional de evaluación y para incentivar la permanencia del talento, la experiencia y el liderazgo judicial.
Las comunicaciones públicas remitidas por las personas renunciantes reflejan decisiones adoptadas con sobriedad institucional, profundo respeto al Consejo Nacional de la Magistratura y reconocimiento a la carrera judicial. Precisamente por ello, invitan al país a formular preguntas legítimas sobre las condiciones institucionales que hoy rodean este proceso. La República Dominicana necesita que la evaluación constitucional sea percibida por quienes integran la judicatura como un mecanismo de fortalecimiento institucional y no como un factor que desincentive la continuidad de quienes han dedicado décadas al servicio de la justicia.
Especial atención merece el retiro de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez, dos juezas con reconocidas trayectorias dentro del Poder Judicial. Su decisión se produce apenas meses después de que el proceso de designación de diciembre de 2025 incrementara a cinco el número de mujeres integrantes de la Suprema Corte de Justicia, un avance que la propia ROI valoró positivamente, aunque advirtiendo que la participación femenina continúa lejos de alcanzar el equilibrio que exige el artículo 39.5 de la Constitución. En el caso de Nancy Salcedo Fernández, la ROI considera que reunía las condiciones para convertirse en la primera jueza de carrera en presidir la Suprema Corte de Justicia — una oportunidad histórica para el liderazgo femenino en el más alto tribunal del país, que hoy se pierde.
La Constitución dominicana impone al Estado el deber de promover una participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones. Ese mandato también alcanza al Consejo Nacional de la Magistratura. La paridad constituye un principio constitucional que debe orientar tanto las decisiones de ratificación como las nuevas designaciones, particularmente en un órgano históricamente subrepresentado por mujeres.
La preocupación de la ROI no surge de manera improvisada ni responde exclusivamente a las circunstancias actuales. Durante el proceso anterior advertimos que determi
