APUNTE.COM.DO.- El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este jueves que República Dominicana fue seleccionada como el primer país donde se aplicará un programa piloto que exigirá una fianza a algunos solicitantes de visa de inmigrante que los cónsules consideren como una posible carga pública.
Según el medio Washington Free Beacon, los montos de las fianzas oscilarían entre los 100,000 y los 250,000 dólares. La información fue difundida posteriormente por el Departamento de Estado junto a una imagen del secretario de Estado, Marco Rubio.
Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado, aclaró a Diario Libre que no hay un monto fijo establecido, y que este será determinado de forma individual por el oficial consular según las circunstancias de cada caso y con base en la legislación migratoria vigente.
Molano explicó las razones por las que República Dominicana fue elegida para iniciar este plan piloto, que más adelante se extendería a otros países: “República Dominicana se escogió por el gran volumen y la escala de solicitudes de visa que maneja nuestra embajada en Santo Domingo. Es un programa piloto que se irá evaluando para determinar si se suman otros países o si se realizan modificaciones”.
La portavoz indicó que el análisis sobre una posible carga pública comienza incluso antes de la entrevista consular. Una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición de residencia, el expediente es remitido al consulado con la información financiera presentada por el patrocinador mediante el affidavit de apoyo económico, un documento obligatorio en este tipo de solicitudes.
Si durante esa revisión se determina que el patrocinador no demuestra suficiente capacidad económica para respaldar al inmigrante, el oficial consular podrá exigir el pago de una fianza como garantía adicional. Anteriormente, los solicitantes podían recurrir a patrocinadores adicionales, pero ahora también existirá la opción de exigir una garantía económica.
En cuanto a la devolución de la fianza, Molano señaló que el pago no será administrado por el consulado, sino por el USCIS, que dará seguimiento al caso una vez que el inmigrante ingrese a Estados Unidos. Si durante los cinco años siguientes el residente no recibe beneficios públicos y cumple con las condiciones establecidas, el dinero será reembolsado cuando solicite la residencia permanente. “USCIS verificará que la persona no haya recibido ayudas públicas durante ese período y, de ser así, procederá a devolver la fianza”, indicó.
La vocera explicó que el concepto de carga pública no es nuevo en la legislación migratoria estadounidense y se refiere a personas que podrían depender económicamente del gobierno para cubrir necesidades básicas o atención médica. La política busca garantizar que quienes obtengan la residencia permanente cuenten con respaldo financiero suficiente y no representen un gasto adicional para los recursos públicos financiados por los contribuyentes.
La evaluación seguirá basándose en el formulario financiero que todos los peticionarios deben presentar actualmente. La principal novedad consiste en la posibilidad de exigir una fianza cuando el oficial consular considere que existe riesgo de carga pública.
La portavoz reconoció que algunos aspectos operativos del programa todavía están en desarrollo, como el plazo que tendrán los solicitantes para consignar la fianza si esta les es requerida. Esos procedimientos serán afinados durante la implementación del plan piloto en República Dominicana y servirán para establecer las mejores prácticas antes de extender el programa a otros consulados. Aunque la fase piloto permitirá ajustar aspectos técnicos, la medida ya fue oficialmente adoptada por el gobierno estadounidense y la intención es ampliar progresivamente su aplicación a otros países.
