APUNTE.COM.DO.- La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana comunicó este jueves el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa encuestadora ACD Media, S.R.L., por la presunta difusión de encuestas con contenido electoral fuera del período establecido en la normativa vigente.
La acción fue emprendida por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE autorizara investigar dos estudios de opinión atribuidos a la firma. Según dio a conocer el periódico Diario Libre, dichos sondeos fueron publicados el 1 de junio y el 13 de julio, e incluían datos sobre simpatía partidaria, intención de voto y preferencias presidenciales de cara a los comicios de 2028.
De acuerdo con la JCE, ambas mediciones se difundieron después de la entrada en vigencia del Reglamento sobre Encuestas, aprobado en mayo de 2026, pero antes del inicio oficial de la precampaña, etapa en la que la divulgación de este tipo de estudios estaría autorizada.
El artículo 13 del reglamento prohíbe publicar encuestas con fines electorales fuera de los plazos establecidos. Como sanción, la normativa contempla la suspensión temporal del registro de la firma encuestadora por un período de seis meses a un año, mientras que la cancelación definitiva aplicaría en caso de reincidencia.
La JCE aclaró que los cargos formulados contra ACD Media tienen carácter provisional y que durante la investigación se determinará el nivel de responsabilidad de la empresa en la elaboración, autorización y divulgación de los estudios. La firma tiene un plazo de 10 días para presentar sus argumentos de defensa.
El proceso se desarrolla en medio de cuestionamientos al reglamento aprobado por la JCE. La Ley 20-23 de Régimen Electoral solo establece restricciones para la publicación de encuestas durante los ocho días previos a las elecciones y hasta cinco horas después del cierre de las votaciones.
Organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana han señalado que la prohibición de difundir encuestas antes de la precampaña podría carecer de sustento legal y afectar el derecho constitucional a informar y recibir información. El Tribunal Superior Electoral (TSE), tras conocer recursos contra la normativa, se declaró incompetente y remitió la controversia al Tribunal Constitucional.
