México.- República Dominicana se ubica en la séptima posición entre diez países latinoamericanos analizados por el tiempo que tarda en incorporar nuevas terapias oncológicas a la disponibilidad pública.

Desde el extremo de mayor retraso, es el cuarto país con la demora más prolongada, solo superado por Colombia, Chile y México.

El proceso puede superar los cuatro años desde que un tratamiento recibe la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) o de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Esta situación refleja una de las principales brechas en la atención del cáncer en América Latina: los avances científicos se producen más rápido que la capacidad de los sistemas de salud para evaluarlos, autorizarlos, financiarlos e incluirlos en sus coberturas.

El doctor Diego Felipe Ballén, jefe del Programa de Oncología Gastrointestinal del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, señaló que una nueva terapia oncológica tarda en promedio 5.7 años en completar el proceso hasta llegar a los pacientes de la región. Esto significa que un tratamiento presentado hoy en un congreso científico podría no estar disponible en algunos países latinoamericanos hasta 2030 o 2031. Para entonces, la investigación podría haber desarrollado medicamentos más eficaces, nuevas combinaciones terapéuticas o alternativas con menor toxicidad.

En el cáncer, donde el tiempo puede modificar el pronóstico, la espera no es solo un trámite administrativo. "Para un paciente con cáncer, la urgencia es su propio caso", afirmó Ballén, refiriéndose a enfermedades avanzadas en las que la expectativa de vida puede ser inferior a un año sin una terapia efectiva. La demora también limita la capacidad de los especialistas para ofrecer tratamientos acordes con los avances científicos más recientes.

Mientras algunos países adoptan nuevas terapias poco después de comprobar sus beneficios, otros siguen usando opciones más antiguas mientras concluyen procesos regulatorios, económicos y administrativos.

El recorrido de un medicamento no termina cuando una agencia reguladora autoriza su comercialización. Luego debe pasar por evaluaciones económicas, negociaciones de precios y trámites de inclusión en planes públicos o privados de cobertura.

Según los datos presentados, alrededor del 61 % de los medicamentos oncológicos aprobados internacionalmente cuenta con autorización local en los países estudiados. Sin embargo, solo cerca del 35 % alcanza disponibilidad pública total o parcial. Esta diferencia demuestra que aprobar un medicamento no significa que el paciente lo recibirá. El tratamiento puede estar legalmente autorizado, pero permanecer fuera del catálogo de prestaciones, no ser financiado por la seguridad social o estar disponible solo para quienes puedan pagarlo.

Costa Rica muestra uno de los tiempos más cortos entre las naciones evaluadas, aunque el acceso efectivo depende de que el medicamento sea incorporado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia aparece como el país con la demora más prolongada. Ballén explicó que durante años esa nación combinó retrasos regulatorios con un sistema que facilitaba el acceso una vez autorizado, pero recientemente también ha tenido dificultades para garantizar la entrega oportuna.

La posición de República Dominicana evidencia la necesidad de reducir el tiempo entre la aprobación internacional de una terapia y su disponibilidad efectiva para los pacientes.

La doctora Isabella Grueso, directora de Políticas Globales de Oncología de Pfizer, propuso que los países latinoamericanos pueden establecer mecanismos más ágiles para evaluar medicamentos ya estudiados y aprobados por agencias de referencia como la FDA y la EMA. A su juicio, estos tratamientos no deberían pasar por procesos prolongados que repitan evaluaciones científicas ya realizadas. Los sistemas podrían centrarse en analizar su aplicación en el contexto nacional, negociar precios y definir mecanismos de financiamiento para incorporarlos a la cobertura.

Este proceso requiere coordinación entre autoridades sanitarias, organismos reguladores, seguridad social e instituciones encargadas de administrar recursos públicos. Una autorización sin financiamiento puede dejar el medicamento fuera del alcance de la mayoría de los pacientes.

También es necesario fijar plazos definidos para cada etapa, desde la solicitud de registro hasta la decisión sobre la cobertura. La falta de tiempos claros puede prolongar la espera y dificultar que médicos y pacientes sepan cuándo estará disponible una terapia.

Estos datos fueron explicados por especialistas de distintos países a periodistas de la región durante el Encuentro Latinoamericano de Periodistas: Avances y Desafíos en Oncología, celebrado en México.

Durante las últimas dos décadas, la oncología ha cambiado gracias a la inmunoterapia, las terapias dirigidas y el análisis molecular de los tumores. Las terapias dirigidas identifican una vía usada por el cáncer para crecer y la bloquean con un medicamento. A diferencia de la quimioterapia tradicional, buscan actuar con mayor precisión sobre las células tumorales y reducir el daño a tejidos sanos.

Ballén indicó que estas innovaciones han prolongado la supervivencia y mejorado la calidad de vida de pacientes que antes tenían pocas opciones. América Latina cuenta con centros preparados para realizar investigaciones de fases uno, dos y tres.