APUNTE.COM.DO- SANTO DOMINGO,REPUBLICA DOMINICANA- “Nosotras no tenemos escapatoria. Si denunciamos, corremos peligro; si no denunciamos, nos preguntan por qué no lo hicimos. Es como si la víctima siempre fuera la culpable”. Con esa frase, Macier Guerra Valenzuela resume la difícil situación a la que se enfrentan miles de mujeres dominicanas después de denunciar la violencia de género que padecen. Para ella, querellarse no le devolvió la tranquilidad; por el contrario, asegura que su vida cambió a peor.

La abogada y comunicadora afirma que, tras denunciar por presunta violencia a su expareja, Javier Gabriel Vizcaíno Bremón, comenzó a preguntarse si volvería a sentirse en paz. También dudó de si llegaría segura a su casa cada día o si podría continuar trabajando. El miedo se apoderó de su vida.

Relata que la orden de alejamiento contra su presunto agresor fue emitida dos años después de que presentara la denuncia, en 2024. No obstante, asegura que su temor aumentó en enero de 2026, tras la muerte a tiros de su prima, Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, presuntamente a manos de su expareja. Ese hecho intensificó su pánico, pues temía convertirse en una víctima más.

La experiencia de Guerra se repite en muchas otras mujeres. Algunas abandonan sus hogares, renuncian a sus empleos o cambian sus rutas diarias para evitar encontrarse con sus agresores. Ellas esconden su rutina para protegerse, mientras que, en muchos casos, los agresores continúan con su vida sin mayores restricciones.

“El centro de la respuesta no debe ser restringir la vida de la víctima”, dice Jhoan Almonte Mateo, psicólogo social especializado en violencia de género, quien explicó a Diario Libre la dinámica que suele producirse cuando una víctima de violencia familiar denuncia a su agresor. “La mujer es quien debe mudarse, cambiar de empleo, modificar su rutina o esconderse, mientras el agresor continúa moviéndose con relativa libertad. El centro de la respuesta no debe ser restringir la vida de la víctima, sino limitar efectivamente la capacidad de daño del agresor”, declaró.

Para el doctor en Neurociencia Cognitiva Aplicada e investigador Oom Blanco, vivir con miedo termina afectando mucho más que la seguridad física. “Aparecen problemas de sueño, dificultad para concentrarse, agotamiento, pérdida de identidad y una sensación persistente de no sentirse seguras, incluso en lugares objetivamente protegidos”, indicó. El profesional de la psicología señaló que ese estado permanente de alerta lleva a muchas mujeres a modificar sus rutinas, limitar sus relaciones personales y vivir pendientes de evitar cualquier encuentro con el agresor. “En terapia es frecuente escuchar frases como: ‘Ya no sé si estoy huyendo o viviendo’”, expresó. Blanco agregó que muchas víctimas enfrentan sentimientos de culpa, aislamiento y dudas sobre sus propias decisiones, lo que dificulta recuperar la sensación de seguridad incluso después de haber denunciado.

Oom Blanco plantea que la separación suele convertirse en uno de los momentos de mayor riesgo para las víctimas. “En algunos hombres socializados bajo mandatos machistas, esto puede sentirse como una humillación o una pérdida de estatus”, explicó el también docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). Almonte Mateo explicó que esa es una de las razones por las que algunos agresores siguen persiguiendo a sus exparejas, incluso después de una orden de alejamiento. “La orden de alejamiento es importante, pero no protege por sí sola si no viene acompañada de vigilancia efectiva, respuesta rápida, seguimiento institucional y redes de apoyo”, afirmó. A su juicio, el problema es que muchas veces la carga de protegerse termina recayendo sobre la víctima.

El caso de Guerra refleja una realidad respaldada por las estadísticas del Ministerio Público. Durante el primer trimestre de 2026, el órgano persecutor recibió 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. De ese total, el 52.49 % correspondió a violencia intrafamiliar; el 36.94 %, a violencia contra la mujer, y el 10.57 %, a delitos sexuales. Las provincias con mayor cantidad de denuncias fueron Santo Domingo, con 5,766 casos; San Cristóbal, con 1,286, y Santiago, con 1,252. El informe también revela que el 49 % de los agresores identificados eran exparejas, mientras que el 18.25 % correspondía a parejas actuales. Durante ese mismo período, el Ministerio Público gestionó 7,644 solicitudes de órdenes de protección, de las cuales los tribunales otorgaron 2,234 para restringir el acercamiento de los agresores a las víctimas. Las estadísticas registran, además, 22 feminicidios durante el primer trimestre del año. Doce fueron cometidos por la pareja de la víctima y ocho por una expareja. Solo tres de las mujeres asesinadas habían presentado denuncias antes del crimen.

Para el exfiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero, el sistema de protección presenta una debilidad recurrente. Hernández considera que la orden de protección, una de las medidas más utilizadas en los casos de violencia de género, deja de ser efectiva cuando nadie verifica si el agresor la cumple. “Es evidente la ineficacia de la orden de protección”, afirmó. A su juicio, llevar el caso a los tribunales no es suficiente. Sostiene que muchas víctimas abandonan el proceso porque no reciben apoyo psicológico ni económico y temen quedarse sin ingresos para mantener a sus hijos. Atribuyó esos factores a la baja cantidad de denuncias presentadas por las víctimas. “El 86 % de las víctimas de feminicidio no había presentado denuncias”, argumentó.

La procuradora fiscal Belkis Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, explicó que, cuando una mujer enfrenta un alto nivel de riesgo, el Ministerio Público puede gestionar su ingreso a una casa de acogida. Sin embargo, muchas prefieren permanecer cerca de sus hijos.