La justicia de Honduras decidió este lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández enfrente en un tribunal ordinario el proceso penal por presuntos delitos de lavado de dinero y fraude, descartando que el caso sea tratado por la Corte Suprema de Justicia, como había solicitado su defensa.

La decisión provino del Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que también autorizó que el exmandatario continúe el proceso en libertad bajo medidas cautelares.

Entre las disposiciones figuran la prohibición de salir del país, la obligación de permanecer bajo supervisión de sus abogados, quienes deberán presentar informes semanales, y la prestación de una caución juratoria. El tribunal rechazó la petición del Ministerio Público de prisión preventiva por considerar que no existía riesgo de fuga.

Hernández regresó a Honduras el pasado 26 de julio, tras ser extraditado a Estados Unidos en 2022. Allí fue condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico, pero recibió un indulto el 1 de diciembre de 2025 del presidente estadounidense Donald Trump.

La resolución también confirmó que el caso continuará en el Juzgado de Criminalidad Organizada, tras rechazar el recurso de la defensa para que el proceso permaneciera en la Corte Suprema. El magistrado que inicialmente conocía el expediente se había declarado incompetente.

La audiencia inicial fue fijada para el próximo 12 de agosto, cuando el tribunal evaluará si existen elementos suficientes para abrir juicio por los delitos imputados.

Mientras se desarrollaba la audiencia, decenas de simpatizantes del exmandatario se concentraron frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia para expresarle su respaldo.

El Ministerio Público acusa a Hernández, de 57 años, de participar en un esquema de fraude y lavado de dinero relacionado con el desvío de aproximadamente 10,8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, período en el que presidía el Congreso Nacional. Según la acusación, esos recursos habrían financiado su campaña presidencial de 2013.

En el mismo expediente también fue investigado el expresidente Porfirio Lobo, quien obtuvo sobreseimiento definitivo, además de varios exdiputados, empresarios y particulares.