SANTO DOMINGO. La diputada del partido Fuerza del Pueblo, Llaniris Espinal, presentó a través de la Secretaría Legislativa una propuesta de ley que busca declarar la Cordillera Septentrional como territorio libre de minería metálica, y proteger sus cuencas hidrográficas, con el objetivo de conservar una de las principales reservas de agua y biodiversidad de la República Dominicana.
El proyecto establece la prohibición definitiva de actividades de prospección, exploración, explotación, extracción y procesamiento de minerales metálicos en toda la zona, desde Montecristi hasta la Bahía de Samaná, incluyendo sus cuencas y ecosistemas asociados.
Además, la legisladora por Santiago propone declarar el área como Patrimonio Natural del país, y prohíbe el empleo de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico vinculadas a la minería metálica, así como la construcción de presas de colas y otras infraestructuras para el depósito de desechos mineros.
En cuanto a las sanciones, el incumplimiento de las prohibiciones sería considerado un delito ambiental grave. Las personas físicas o los directivos de personas jurídicas responsables podrían enfrentar penas de prisión de seis a veinte años, y multas de entre 10 mil y 50 mil salarios mínimos, sin perjuicio de la obligación de restaurar el ecosistema afectado.
La iniciativa contempla que, una vez en vigencia la ley, queden sin efecto todas las licencias, permisos y concesiones de exploración o explotación minera metálica que se encuentren total o parcialmente dentro del perímetro de la Cordillera Septentrional, y prohíbe su renovación o prórroga.
El proyecto surge en medio de años de conflictos y protestas sociales contra proyectos mineros en esa zona. Comunidades, organizaciones ambientalistas, iglesias y sectores productivos han advertido que la explotación metálica en la cordillera representa un riesgo para las fuentes de agua, la biodiversidad y las actividades agrícolas que dependen de esas cuencas.
Uno de los casos que más rechazo ha generado es el proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan, así como las discusiones sobre posibles exploraciones en zonas montañosas del Cibao.
En la Cordillera Septentrional, comunidades de provincias como Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez han realizado marchas, vigilias y otras jornadas de protesta para exigir que se descarte la minería metálica en la región.
Grupos ambientalistas sostienen que la cordillera alberga ríos y acuíferos que abastecen de agua potable y riego a miles de familias, por lo que consideran que cualquier actividad minera de gran escala podría causar daños irreversibles.
