APUNTE.COM.DO, Santo Domingo, República Dominicana. –La Fundación Equidad y
Justicia Social (FEJUS), presidida por el reverendo Fidel Lorenzo Merán, expresó su
profunda preocupación por la sentencia TC/0689/26 emitida por el Tribunal
Constitucional (TC), mediante la cual se declaró inconstitucional el Decreto núm. 308-
06, que regulaba los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas en el territorio
nacional.


La institución considera que la eliminación de este mecanismo de regulación
representa un serio retroceso para la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y la
salud pública. A juicio de FEJUS, la comercialización sin controles adecuados,
especialmente en espacios públicos y abiertos, podría contribuir al incremento de
hechos de violencia, accidentes de tránsito, problemas de salud física y mental, así
como al deterioro de las condiciones de vida de numerosas familias dominicanas.


“No podemos dejar la tranquilidad de nuestras familias y comunidades a merced de la
ausencia de regulación. El consumo excesivo de alcohol en espacios abiertos está
estrechamente relacionado con riñas, hechos delictivos, accidentes de tránsito y una
preocupante descomposición del tejido social”, expresó el reverendo Fidel Lorenzo
Merán, presidente de FEJUS.


LLAMADO URGENTE AL CONGRESO NACIONAL


Ante el período de vigencia diferida de dos años dispuesto por el Tribunal
Constitucional antes de que la decisión produzca plenos efectos, la Fundación Equidad
y Justicia Social hizo un llamado al Congreso Nacional para que ejerza su
responsabilidad legislativa con la urgencia que amerita esta situación.


FEJUS exhortó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a conocer, debatir
y aprobar, dentro del plazo establecido, una legislación integral que regule el expendio
de bebidas alcohólicas y establezca mecanismos efectivos para prevenir y sancionar el
consumo de alcohol en lugares públicos, con el propósito de proteger la seguridad, la
salud y el bienestar de la población.


Asimismo, la entidad informó que dará seguimiento al proceso legislativo y reiteró que
la falta de una normativa que sustituya el decreto vigente podría generar un vacío legal
con consecuencias negativas para el orden público y la protección de la ciudadanía.