En un paso decisivo hacia la modernización y la transparencia democrática, el Poder
Judicial de la República Dominicana anunció la apertura del proceso de consulta pública
para la propuesta de su Política de Justicia Abierta.  


APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -La normativa fue aprobada por el Consejo del Poder Judicial mediante la sesión
ordinaria núm. 12-2026 del pasado 19 de mayo de 2026. 


Se informa que la consulta estará disponible para toda la ciudadanía hasta el 25 de junio
de 2026, tiempo en el que los interesados podrán consultar el documento completo en
los portales institucional y del Observatorio judicial.  


Las observaciones y comentarios podrán remitirse completando el formulario de
Consulta Pública en línea o a través del correo
electrónico politicaspublicas@poderjudicial.gob.do, siendo la Dirección de
Análisis y Políticas Públicas del Poder Judicial la encargada de evaluar y recomendar
las modificaciones pertinentes. 


Lejos de ser un concepto abstracto, la Justicia Abierta es un modelo de gobernanza que
transforma la relación entre los tribunales y la sociedad. Se fundamenta en cuatro
pilares: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación. 


Con la implementación formal de esta política, el Poder Judicial dominicano persigue
fines institucionales y sociales, como son: colocar al ciudadano en el centro, romper el
hermetismo judicial, asegurar que la justicia responda a las necesidades reales de la
población, y prevenir conflictos y violencia. 


Para el sistema judicial, reviste vital importancia humanizar los procesos jurídicos,
eliminar barreras de acceso a los más vulnerable y explicar de forma clara las decisiones
de los jueces para recuperar la confianza pública. 


Se enfatiza en la importancia de utilizar los datos generados por los tribunales para
diseñar políticas públicas preventivas y promover la mediación como vía rápida y
pacífica de resolución de disputas. 


La Justicia Abierta es una obra en construcción permanente que se sostiene en la
voluntad diaria de humanizar los procesos jurídicos, mitigar las barreras de acceso para
los grupos vulnerables y devolver la confianza pública a las instituciones.