APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -Durante los últimos días de la semana pasada y lo que va de esta hemos sido testigos de cómo las recientes decisiones judiciales relacionadas con el denominado caso Calamar han provocado reacciones encontradas en amplios sectores de la sociedad dominicana. Una gran cantidad de ciudadanos bien intencionados, reconocidos juristas, comentaristas y analistas consideran que los tribunales simplemente aplicaron las reglas del debido proceso y valoraron las pruebas disponibles conforme a los estándares que exige el ordenamiento jurídico. Otros, más críticos y desconfiados, observan en estos desenlaces una nueva manifestación de la histórica incapacidad del Estado dominicano para sancionar de manera efectiva los grandes casos de corrupción administrativa.
Pero más allá de las posiciones encontradas, de las simpatías políticas y de los méritos particulares de cada expediente, los acontecimientos recientes vuelven a colocar sobre la mesa preguntas que el país arrastra desde hace décadas sin encontrar una respuesta satisfactoria. ¿Por qué la corrupción continúa apareciendo una y otra vez en nuestra vida pública sin que logremos reducirla de manera significativa? ¿Por qué tantos procesos que comienzan rodeados de escándalo, abundantes evidencias mediáticas y grandes expectativas ciudadanas terminan años después diluidos entre tecnicismos, insuficiencias probatorias, absoluciones inesperadas o decisiones que dejan en amplios sectores de la población la sensación de que la justicia nunca logra alcanzar plenamente a quienes administran el poder?
Somos de la convicción de que la respuesta no puede encontrarse únicamente en los tribunales ni en los individuos sometidos a la acción de la justicia. Tampoco sería correcto atribuir el problema exclusivamente a la falta de voluntad política de determinados gobiernos. Si observamos la experiencia dominicana de las últimas décadas, advertimos que las denuncias de corrupción son un signo distintivo de todas las administraciones, independientemente de su color partidario, de sus discursos reformistas o de las expectativas de cambio que despertaron entre los votantes.
Como fenómeno de naturaleza estructural, la corrupción dominicana no es únicamente el resultado de funcionarios deshonestos que se aprovechan del poder, sino también la consecuencia de un sistema político que genera incentivos permanentes para la captura de recursos públicos y enormes dificultades para detectar, prevenir y sancionar eficazmente esas conductas. A ese cuadro se añade un ingrediente todavía más preocupante: el propio sistema político parece haber afianzado una cultura de impunidad en una parte considerable de la conciencia nacional, hasta el punto de que muchos ciudadanos terminan justificando o legitimando las conductas dolosas de sus “héroes” políticos cuando estos pertenecen a su partido, a su grupo de simpatía o a su imaginario de poder.
El economista sueco Gunnar Myrdal utilizó hace décadas el concepto de “causalidad circular acumulativa” para explicar cómo ciertos problemas sociales terminan reproduciéndose y agravándose a sí mismos, y la corrupción constituye uno de los ejemplos más claros de ese fenómeno. Cuando la ciudadanía percibe que los actos de corrupción rara vez generan consecuencias significativas, disminuye la confianza en las instituciones y, de manera particular, en la representatividad política. Cuando esa confianza se deteriora, aumenta el escepticismo frente al cumplimiento de las normas y la sociedad comienza a desplazarse hacia una peligrosa zona de desafección, burla de la autoridad y relativización de los deberes públicos. Cuando las normas pierden legitimidad social, se amplían inevitablemente los espacios para nuevas prácticas corruptas, cerrando así un círculo vicioso en el que la impunidad produce corrupción y la corrupción reproduce impunidad.
En la República Dominicana este círculo vicioso continúa alimentándose de un elemento particularmente problemático, como lo es el extraordinario costo económico de la actividad política. Las campañas electorales movilizan miles de millones de pesos y la competencia por el poder se desarrolla en un contexto donde el acceso al financiamiento se consolida como un factor determinante para el éxito electoral. Como consecuencia, el control del Estado deja de percibirse exclusivamente como un instrumento para gobernar y promover el bienestar colectivo, para convertirse también en un mecanismo de consolidación de redes de influencia, distribución de favores y recuperación de inversiones políticas realizadas durante las campañas.
Aún más preocupante es otra derivación de este fenómeno: la penetración del crimen organizado en la actividad política. Cuando las campañas demandan recursos crecientes y los mecanismos de control resultan insuficientes, aumenta el riesgo de que capitales de origen ilícito encuentren en la política un espacio idóneo para comprar influencia, proteger intereses o adquirir legitimidad social. El resultado puede ser devastador para la democracia ya que no solo se corrompen las instituciones; también se abre la puerta a los individuos vinculados a estructuras criminales que, como sabemos, alcanzan posiciones de poder e influencia dentro de la propia Administración.
Como las personas cambian, pero los incentivos permanecen, los escándalos de corrupción sobreviven a los cambios de gobierno. Sí, las administraciones se alternan, pero las estructuras fundamentales continúan operando bajo lógicas similares. No es que deje de ser importante, particularmente en momentos en que se aproxima un nuevo certamen electoral, tomar en cuenta la culpabilidad o inocencia de determinados imputados. Pero la realidad es que ello equivale a concentrarse en los síntomas sin examinar las causas profundas de la enfermedad.
Como hemos señalado en esta misma columna, la solución tampoco puede reducirse al endurecimiento de las penas. ¿Acaso los países con menores niveles de corrupción son aquellos que contemplan los castigos más severos? No, son los que han construido instituciones capaces de reducir las oportunidades para que la corrupción ocurra. La República Dominicana necesita avanzar hacia una reforma política integral que transparente el financiamiento electoral, fortalezca los mecanismos de auditoría preventiva, profesionalice la administración pública y establezca sistemas permanentes de control patrimonial sobre los funcionarios.
Lo que está en juego ahora es la capacidad del país para romper un patrón histórico que ha erosionado la confianza pública y debilitado la legitimidad de las instituciones. Mientras la corrupción continúe siendo abordada como un problema de individuos y no como una consecuencia de estructuras políticas e institucionales defectuosas, seguiremos asistiendo a la repetición de los mismos escándalos, las mismas promesas de reforma y las mismas frustraciones colectivas.
La lucha contra la corrupción, además de ser exigencia ética o jurídica, es, ante todo, una condición indispensable para fortalecer la democracia, recuperar la confianza pública y garantizar un desarrollo nacional sustentado en instituciones legítimas, eficaces y respetadas.
